El lunes 23 de octubre, estaba programada una audiencia preparatoria de juicio en el caso de Emilio Tapia, acusado de peculado. Sin embargo, esta audiencia se ha pospuesto debido a que el procesado está en conversaciones con la fiscalía colombiana para llegar a un acuerdo previo.
Tapia se habría comprometido a restituir una parte del dinero relacionado con el caso de Centros Poblados, donde se le acusa de corrupción. El delito de peculado por apropiación que se le imputa involucra 15,000 millones de pesos, de los cuales 6,000 millones corresponden a Emilio Tapia.
En la audiencia del lunes, un togado otorgó a Tapia un plazo hasta enero de 2024 para devolver la mitad de la deuda, lo que sería más de 2,500 millones de pesos.
Si para esa fecha Emilio Tapia ha cumplido con su parte y ha devuelto los 2,500 millones de pesos, la Fiscalía procederá a firmar un acuerdo previo que deberá ser aprobado por un juez. Esto permitirá a Tapia obtener ciertos beneficios legales.
Como antecedente, Emilio Tapia fue acusado debido a su presunta participación en actos de corrupción relacionados con el contrato de 2020 entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic) y la unión temporal Centros Poblados. Este contrato tenía como propósito proporcionar servicios de Internet a 7,000 escuelas rurales en Colombia.
Tapia se habría apropiado de una parte del anticipo que le fue entregado, exactamente 6,182 millones de los 70,000 millones de pesos del anticipo del caso de Centros Poblados.
Karen Abudinen no tendría que pagar por la perdida de los $70.000 millones de Centros Poblados
La Contraloría ha emitido cargos por responsabilidad fiscal contra 11 personas debido al escándalo que involucra el desfalco de 70 mil millones de pesos de Centros Poblados. Sin embargo, destacando la noticia, la exministra de las TIC Karen Abudinen no está incluida en los que deberán devolver estos fondos al Estado. Esto se debe a que no se pudo establecer un manejo directo de fondos públicos por parte de estos individuos, de acuerdo con la emisora colombiana W Radio.
La Contraloría argumenta que Karen Abudinen no tenía un papel de gestión fiscal, lo que significa que no desempeñó un papel directo en la gestión o tramitación de contratos y no era la encargada de autorizar los gastos.
Es relevante destacar que Karen Abudinen tampoco enfrenta procesos penales ni investigaciones disciplinarias relacionadas con este asunto. La exsecretaria general, Adriana Vanessa Meza Consuegra, es una de las personas más afectadas por la imputación de responsabilidad fiscal realizada por la Contraloría, señaló la emisora colombiana.
El ente de control aclara que los cargos no se refieren a los 70 mil millones completos, sino a 67.970 millones, ya que algunos de los acusados que actualmente están involucrados en negociaciones con la Fiscalía han restituido 3 mil millones de pesos al erario público.
Los 11 acusados por el desvío de estos fondos incluyen a los miembros de la unión temporal a cargo del proyecto, los miembros del consorcio que supervisó el proyecto y funcionarios del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
“Se determinó imputar responsabilidad en contra de los miembros de la unión temporal Centros Poblados 2020 y su representante legal, en tanto que, en calidad de contratistas, no ejecutaron el Contrato 1043 de 2020 en los términos pactados, lo que impidió que se alcanzaran los cometidos y fines esenciales del Estado, asociados con el proyecto Centros Digitales, cuyo objeto iba encaminado a instalar soluciones de acceso comunitario a internet gratuito en 16 departamentos pertenecientes al proyecto en la región B”, dice la Contraloría.
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