Empresas Públicas de Medellín (EPM) entregó un jugoso contrato el 6 de octubre a la empresa barranquillera Su Oportuno Servicio Limitada (SOS), para que se encargue de la vigilancia privada del proyecto. Lo que llama la atención de la determinación es que desde el mes de agosto del 2023 se había anunciado que esta compañía estaría siendo favorecida en la licitación.
En el contrato la compañía barranquillera queda al frente del servicio de seguridad de las instalaciones de EPM fuera del Valle de Aburrá, que tendrá un costo de $73.745 millones y se ejecutará en 669 días.
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Según el informe de las ofertas de licitaciones, SOS fue la seleccionada después de que quedara eliminada una empresa de La Guajira, con que tenía mayor puntaje, porque supuestamente no cumplía con los aspectos requeridos para el servicio.
Por esto SOS fue la organización con mayor puntaje para ambas ofertas, por lo que EPM le entregó el contrato del grupo II (municipios de Antioquia y otras regiones), uno de mayor presupuesto y le delegó el del grupo I (Valle de Aburrá) a quien quedó en segundo lugar.
¿Cuáles son las polémicas que envuelven a la compañía?
Algunos de los competidores del proceso señalaron favorecimientos a la compañía barranquillera, por los criterios de evaluación de una póliza de seguro colectivo, que se solicitaba para quien se quedara con el contrato.
También, las condiciones de aseguramiento, las cuales, según las compañías competidoras, estaría adquiriendo pólizas a bajo valor y de menor cobertura para así entregar una propuesta a menor costo. “Hemos participado en diferentes procesos donde vemos primas de $100 con un valor asegurado de $800.000, hasta allá hemos llegado”, comentó uno de los oferentes a El Colombiano.
Adicional a ello, SOS inscribió un contrato con la Gobernación de San Andrés, el cual fue investigado por la Procuraduría General, caso que incluso llevó a Ronald Housni, gobernador para la fecha, a juicio disciplinario y que en 2019 lo llevó a siete años de prisión por irregularidades con este y otros procesos de contratación.
Para la época, el contrato era de $2.000 millones y, según el concurso de méritos, SOS calificó con 400 puntos y el competidor más fuerte obtuvo 399. Además, los accionistas de SOS eran Harlyn VIllalba y José Villalba Beltrán, integrantes de la junta directiva de la Sociedad Productora de Energía de San Andrés y Providencia.
Luego de salir a la luz pública esta información EPM desmintió las acusaciones, aunque no entregó aclaraciones de cómo avanzaba el proceso: “Tal como lo hace en todos sus procesos de contratación, la Compañía seguirá dando cumplimiento a sus principios y políticas dentro del proceso contractual de bienes y servicio”, mencionó en un comunicado.
Otro de los contratos de EPM que llama la atención
El miércoles 11 de octubre EPM informó en un comunicado que adjudicó el contrato para el desarrollo de las obras civiles de la segunda etapa de Hidroituango.
Actualmente el proyecto tiene sus dos primeras turbinas en funcionamiento, y está cerca de que inicie la operación de la tercera y la cuarta. Por lo que puso en manos del Consorcio CYS (Yellow River CO., LTD Sucursal Colombia y Schrader Camargo S.A.S.) una de las obras más importantes del país.
El convenido se adjudicó por un valor de 1 billón setenta y cinco millones de pesos y tendrá un plazo para su ejecución de 1.125 días calendario, se espera que inicie su operación entre el 2025 y el 2027.
Adicional a esto, EPM mencionó que inicialmente 12 firmas constructoras de varios países mostraron interés en participar de las ofertas, pero finalmente solo tres presentaron sus propuestas: la seleccionada, Todini Costruzioni Generali S.P. A., y China Gezhouba Group Company Limited que fueron rechazadas por incumplimiento de algunos requisitos de participación.