Después de que la Secretaría de Movilidad de Bogotá confirmara la finalización del convenio que existe entre el Distrito y Soacha el 7 de noviembre de 2023, con el que se permitía la operación de buses del municipio en la ciudad, lo cual venía funcionando durante 10 años, esto ha generado incertidumbre en las personas que utilizan este medio de transporte diariamente.
Hace unos días se confirmó que a partir del 28 de octubre comenzarán a operar dos nuevas rutas del Sitp, las cuales reemplazarán a las rutas más importantes que actualmente funcionan en el municipio. Estas rutas operarán desde el sector de Bosa La Estación, lo que obligará a los habitantes de Soacha a pagar un pasaje adicional para llegar a Bogotá.
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Esto generó aún más preguntas en el gremio de transportadores del municipio, que quedarían sin trabajo después del 7 de noviembre, ya que han afirmado que la operación dentro de Soacha para alrededor de 1.500 buses haría que el negocio fuera insostenible, motivo por el que realizaran un paro para manifestarse en contra del Distrito Capital.
Infobae Colombia conoció que el jueves 19 de octubre se llevó a cabo una reunión que contó con la presencia de los representantes de las empresas transportadoras, la Asociación de Transportadores Corredor Soacha-Bogotá, la Alcaldía de Soacha y un emisor del Ministerio de Transporte. En este encuentro se acordó se les informó a los transportadores que se está gestionando un permiso de dos meses para que puedan seguir operando a pesar de la postura del Distrito.
Esta sería la respuesta del Gobierno nacional ante la negativa del alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de sentarse a negociar el tema, por lo que el objetivo de este acuerdo momentáneo sería hacer que los alcaldes elegidos en los comicios del 29 de octubre sean los que asuman la problemática.
Transportadores en Soacha entrarán en cese de actividades
Esta propuesta no fue bien recibida por el gremio de transportadores, ya que estos afirmaron que requieren mayores garantías y que, en caso de finalizar el convenio, tendrían un flujo continuo de 1.500 buses en la Autopista Sur hasta Bosa, lo que generaría múltiples trancones en el corredor.
Es por ello que los transportadores del municipio realizarán un cese de actividades indefinido desde el 24 de octubre a las 12:00 a. m., con el que se manifestarán en contra de las alcaldías de Soacha y Bogotá, además de reprochar el funcionamiento de TransMilenio, una empresa privada dentro del municipio.
Esta medida afectaría a las más de 105.000 personas que se movilizan desde el municipio hacia Bogotá diariamente, de las cuales al menos 80.000 utilizan los buses del municipio para llegar a la primera estación de TransMilenio de Soacha.
Dentro de los reproches al alcalde de Soacha está el ingreso de 180 nuevos buses de un privado a las rutas internas del municipio cuando estos debían de ser otorgados a los vehículos urbanos que ya estaban operando, en un paso de disminución y renovación que disminuía el número de buses que trabajan hacia Bogotá.
De la misma forma, le recriminan a la Alcaldía de Soacha la inversión semestral de 1.000 millones de pesos para el financiamiento del equipo de fútbol profesional Real Soacha Cundinamarca, mientras que a ellos les indican que el municipio no tiene dinero para subsidiar parte de su operación con la que transportan a los ciudadanos.
En cuanto a las quejas que tienen con Bogotá, el gremio de transportadores afirma que han propuesto operar como alimentadores, llevando a las personas hasta la primera estación de TransMilenio, que actualmente es la de San Mateo-Unisur. Sin embargo, les han asegurado que no hay dinero para que esto sea posible, aunque esta afirmación se ha hecho en relación con la llegada del servicio a las zonas del municipio donde se están construyendo las nuevas estaciones.
De la misma manera, replican que la alcaldía de Bogotá indica que los vehículos del municipio son viejos. No obstante, estos tienen la posibilidad de cambiar los vehículos hasta el 2027, período que solicitan los propietarios para hacer la renovación de los vehículos, pero con la garantía de que les permitirán continuar trabajando, ya que no están dispuestos a invertir dinero sin la garantía de que serán retirados en un año o menos.