“Pagar por no matar”: estos son los resultados en Bogotá del programa “Jóvenes en Paz” del Gustavo Petro

Ya está en firme el decreto 1649 de 2023 con el que se desarrollará el Programa Nacional Jóvenes en Paz, una iniciativa que Gustavo Petro implementó en los últimos años de su Alcaldía de Bogotá, con el objetivo de disminuir la brechas de los menores de 28 años en las zonas más violentas de la ciudad y por ese camino impactar la seguridad.

Como alcalde y luego como presidente, el programa le ha costado críticas a Petro. En Bogotá, los concejales cuestionaron la cantidad de presupuesto necesario para su implementación (100.000 millones) y solo pudo ejecutarlo hasta el 2014, dejando resultados exitosos en contextos específicos y otros cuestionables en cuanto a su impacto general en la ciudad.

El programa parte de la idea de que incluir a los jóvenes socialmente antes de que cometan delitos o aun cuando ya los hayan cometido, permitirá cambiar su proyecto de vida y alejarlos de la delincuencia. Ese es el factor que más ha generado polémica en el intento de Petro por llevarlo a nivel nacional en su actual Gobierno.

“La mitad de mis funcionarios no creían en esto, algunos hasta lo demoraron en el tiempo para que no empezara, hubiéramos podido empezar antes este programa que es una apuesta de gente que hizo la paz y la guerra cuando era joven, que sabe qué es la guerra, que sabe lo que es estar debajo de las piedras y las alcantarillas, lo propuso aquí como una propuesta de paz”, aseguró Petro en 2015 en la primera ceremonia de graduación de jóvenes de la escuela Idipron en Bogotá.

Brayan David Rojas dejó la casa de su abuela en La Macarena, Meta, cuando molestias familiares y un entorno machista le hicieron considerar como una opción las propuestas de la guerrilla para formar parte de sus filas. Los armados llegaban a su finca por el molino de caña para preparar guarapo y él, un niño, se maravillaba con las armas.

“En algún momento sí me fui con ellos y estuve caminando, pero cuando me sentí a mucha distancia de la casa, ya me temblaban las piernas y les dije no”, contó a Infobae Colombia. En dos oportunidades lo consideró, pero al final decidió ir a Bogotá a buscar a su padre, que vivía en San Cristóbal, pues tenía una fundación artística y se mantenía precariamente de la venta de eucalipto.

Su papá se alejó luego de un tiempo y Brayan tuvo que rebuscar cómo mantenerse. En ese momento, llegó un amigo, también del Meta, que le pidió dejarlo a vivir en su casa y le aseguró que le pagaría algún dinero de las ganancias de la venta de marihuana.

Brayan aceptó con la condición de que lo hiciera fuera de la casa, pero el pacto se rompió y los vecinos denunciaron la vivienda a las autoridades como un expendio de drogas. A raíz del problema, tuvo que salir, con 16 años, de su casa y empezar a vivir solo.

Por ese tiempo lo contactó uno de los líderes del barrio para contarle del programa Jóvenes en Paz. La estrategia de la Alcaldía consistía en identificar a personas que conocieran los barrios y los acercaran a aquellos los jóvenes que no hacían parte ni de las cifras de la ciudad. Para ese entonces, los beneficiarios recibían un pago de $30.000 diarios a cambio de estudio y trabajo social.

Al principio no lo convencieron, pero otros amigos iniciaron el proceso y empezaron a llevar sustento a sus casas. “No tenía plata, mi situación de salud estaba mal, entonces yo dije bueno, metámonos de una. Empecé a estudiar, a terminar mi bachillerato muy guerreado, pero lo logré. A los tres meses me salió un convenio de patrimonio y la profesora empezó a delegarme cosas, a empoderarme”, cuenta Brayan.

Con su padre llevaban una fundación cultural con la que habían recorrido toda la localidad. Ese conocimiento hizo que Rojas descubriera sus capacidades en diferentes ámbitos, el programa formó su liderazgo y terminó por convertirse en un estudiante destacado.

“Yo en este momento me encuentro trabajando artísticamente con eventos grandes de la ciudad, he trabajado con el Idipron como contratista cinco veces, con la localidad de Teusaquillo, Puente Aranda, con TransMilenio, estoy haciendo los papeles para firmar un contrato con el Acueducto. Yo creo que las posibilidades que le brinda uno un proceso como este son muchísimas; claro está que también hay que poner de parte de uno”, cuenta Rojas.

Un estudio del 2019 de Idipron que evaluó la política, a través de grupos focales y encuestas, señaló que el 93% de los jóvenes que participó del programa percibió una transformación de su proyecto de vida. Todos los beneficiarios (100%) que tenían antecedentes en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente consideraron que el cambio de sus vidas fue rotundo, así como el 88% de quienes pertenecían a una pandilla y el 94% de las mujeres.

Los 9.654 jóvenes vinculados al programa fueron seleccionados de las zonas priorizadas por temas de seguridad: 19 UPZ y 75 barrios de 12 localidades que concentraban el 51% de los homicidios de la ciudad y el 26% de las lesiones personales. En la mayoría de los casos, personas menores de 28 años eran tanto víctimas como victimarios.

“Queríamos ocupar a esos jóvenes porque hay un concepto de presión social, es decir, ellos no quieren volverse millonarios, sino sobrevivir, tener su celular, su ropa, gastarle a la novia, entonces viven del cosquilleo, viven en el problema porque no encuentran otras alternativas”, sostiene Diego Karachas, ex subdirector de Misión Bogotá, y uno de los que implementó el programa en la alcaldía de Petro.

El programa estuvo dirigido a víctimas del conflicto armado, personas en riesgo o vinculadas con pandillas, hinchadas de fútbol, mujeres en ejercicio de la prostitución, así como personas LGBTI en la ciudad, entre otros perfiles.

Para mantener ocupados a los jóvenes, dentro del programa tenían que estudiar, bien en terminar el bachillerato (el 53% había terminado secundaria, 10,80% secundaria básica, 23,31% secundaria incompleta) y además cumplir con labores de trabajo social, logística de eventos y otras actividades para la ciudad. El dinero que recibían era la estrategia para evitar su deserción.

A través de convenios con el Sena e instituciones técnicas de calidad similar se logró brindar educación superior a casi la mitad de los beneficiarios. Los horarios de estudio y de trabajo social se adecuaban a cada una de las personas para mantener llena su mayor parte del tiempo. Pero además estas labores permitían que los jóvenes cambiaran sus imaginarios sociales.

“Nos reunimos los líderes de las hinchadas y nos mandaron a los más violentos. Al principio un combo de un lado y otro combo de otro lado, pero cuando ya estaban uniformados de gestores de TransMilenio, en una alcaldía o en un evento, se fueron dando cuenta que eran iguales y que les gustaba la misma música, hablaban muy similar y hasta terminaron compartiendo un cigarrillo”, recuerda Karachas, en diálogo con Infobae Colombia.

“Eso generó otros niveles de aceptación y de respeto por la diferencia del otro”, asegura el ex subdirector de Misión Bogotá. La percepción también cambió con los vecinos y otros ciudadanos que empezaban a ver a los jóvenes de manera distinta. “La gente se da cuenta que estoy estudiando, que estoy tratando de cambiar, el trato es diferente”, dijo uno de los jóvenes que hizo parte de pandillas y participó del programa.

El 80% de los jóvenes, según el estudio de Idipron, manifestó haber adoptado formas no violentas de resolución de conflictos a raíz de su participación en el programa, aunque en menor medida (75%) aquellos que habían pertenecido o pertenecían a pandillas.

Casi el 70% de las personas que fue acogida por Jóvenes en Paz consumía sustancias psicoactivas. Luego del programa, el 62% manifestó una reducción del consumo y alrededor del 1% consideraba esa situación un problema para su proyecto de vida.

En cuanto a los resultados en seguridad, el Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana CEACS determinó que el programa había sido exitoso en cuanto a reducción de homicidios y lesiones personales al menos en Ciudad Bolívar y Usme, que fueron las localidades con más jóvenes acogidos, al comparar las cifras de 2014 y 2015.

Sin embargo, aunque los delitos mostraron una reducción puntual en las UPZ delimitadas, por ejemplo con la reducción de homicidios en 14 de las 19, de lesiones personales en 12 y una disminución del 58% en 11 de ellas, no fue lo mismo en el total de la ciudad. La taza de homicidios aumentó de 2014 a 2015, de acuerdo con cifras de Bogotá Cómo Vamos.

El ahora presidente Petro se ha propuesto replicar su programa en las zonas del país donde viven los jóvenes con mayor vulnerabilidad de caer en la delincuencia. Una política que le implica varios retos, como lograr por fin agregarle dos ceros a la cifra de beneficiarios, como quería siendo alcalde, pero que podría resultar insuficiente.

“Si tenemos 2′800.000 Ninis, la población crítica sería del 10%, es decir que realmente para poder hacer una incidencia marcada en las diferentes regiones, se tendría que llegar a 280,000 personas. Es algo bárbaro. Que haya una voluntad en Gobierno que le quiera apostar por lo menos a saber seleccionar esos 100.000 jóvenes, que están en una situación complicada de conflictividad, en la frontera de la delincuencia, es una solución”, sostiene Karachas en diálogo con Infobae.

En la capital existe un programa similar, llamado Parceros por Bogotá, que ha acogido a 28.000 jóvenes en la actual administración, con programas de educación y primer empleo, con una transferencia condicionada de $500.000 pesos. La deserción es de apenas un 16% y la mayoría culmina su programa con éxito. Está dirigido a población vulnerable entre los 18 y los 28 años.

“Si un programa para generar oportunidades a los jóvenes se necesita en Bogotá, que es una ciudad absolutamente pujante económicamente, con unos niveles de crecimiento económico mayores que el promedio del país, menor desempleo; pues ni qué decir que el Gobierno ayude a otros municipios en regiones más complejas”, sostuvo a Infobae Colombia José David Riveros, secretario de Gobierno Distrital.

“Yo realmente creo que cuando a los jóvenes se les da oportunidad en educación y empleo, esto tiene incidencia en no sólo en términos de seguridad, sino en todo tipo de factores a largo plazo: hay mayor crecimiento económico, hay mayores niveles de educación en la sociedad. No me cabe duda que el Estado debería y bebe siempre priorizar los programas de oportunidades”, agregó Riveros.

El programa Parceros en Medellín no tiene transferencias monetarias, se basa en capacitaciones y acciones preventivas dirigidas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 10 a 28 años, para evitar que sean víctimas de reclutamiento e instrumentalización por parte de grupos armados.

Desde 2019, cuando inició el programa en la capital antioqueña, se han acogido a más de 1658 personas. Durante 2022 se atendieron más de 800 jóvenes, 450 de ellos con un alto compromiso en los encuentros, 290 de manera menos frecuente, 250 accedieron a programas de educación superior. Así mismo, participaron 135 familias en condición de vulnerabilidad, 75 jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal y 35 niños y niñas bajo protección del ICBF.

Desde la Secretaría de No Violencia consideran que el programa ha sido exitoso en Medellín porque ha logrado disminuir la vulnerabilidad de los participantes y llevar a varios de ellos a terminar los estudios. Sin embargo, las cifras son bajas teniendo en cuenta que según las cifras del Dane, 103.000 jóvenes en edad de trabajar se encontraban desocupados, con una tasa de 17%.