En medio del escándalo de corrupción de la multinacional brasilera Odebrecht en Colombia, las autoridades están investigando posibles irregularidades en un contrato por 4.017 millones de pesos que fue firmado en 2014 entre el consorcio de Ruta del Sol y Gistic Soluciones Integrales S.A.S.
Por aquel contrato, los empresarios Andrés Sanmiguel Castaño, David Fernando Portilla Colunge, Esteban Moreno Pérez y Ricardo Rey Pulido fueron imputados el 18 de noviembre de 2021 con los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. Según la Fiscalía General de la Nación, se trata de un contrato ficticio y que parte del dinero habría terminado en campañas políticas, incluida la de la reelección del expresidente Juan Manuel Santos.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.
Sin embargo, el proceso completa un año y nueve meses casi quieto, sin avances significativos. El motivo es que Portilla Colunge había anunciado estar dispuesto a negociar con Fiscalía, confesando que, en efecto, aquel contrato era ficticio. Además, había dicho que Moreno le pagó a él y a Sanmiguel 360 millones de pesos de comisión por aparecer ejecutando la obra.
Pero luego Portilla Colunge desistió de acogerse al principio de oportunidad en enero de este año, porque, a pesar de servir de testigo y entregar 230 millones de pesos, iba a seguir vinculado al caso.
Ahora, diez meses después, el empresario indicó a través de su abogado, Juan Carlos Padilla, que sí está dispuesto a acogerse al principio de oportunidad y que va a entregar detalles acerca de cómo se direccionó el contrato, los sobornos que se entregaron y en qué se utilizó el dinero del contrato.
Aquella decisión se le pondrá de manifiesto al juez del Juzgado Segundo Especializado de Bogotá, en donde reposa el proceso desde hace casi dos años, en la reanudación de las audiencias preparatorias del juicio contra los empresarios implicados, que tendrá lugar el próximo 27 de octubre.
De acuerdo con el diario El Tiempo, la Fiscalía afirma que la declaración que hizo Portilla dentro de su primer intento de principio de oportunidad coincide con las investigaciones que se llevan adelantadas hasta el momento. Entre el material probatorio hay una grabación de una conversación entre Sanmiguel y Moreno, que todavía no se sabe cómo serán usadas en el proceso.
En esa conversación, Moreno le propone a Sanmiguel, dueño de Gistic, que se invierta en documentación para que los investigadores crean que sí había una obra ejecutándose detrás del contrato falso. Así que para el nuevo principio de oportunidad, según reveló la Revista Semana, Portilla está dispuesto a revelar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se realizaron esas transacciones para darles apariencia de legalidad.
“Hay que armar un paquete que puedan coger por encimita, revisar, y “ve... estos hijueputas sí hicieron esta obra”. Sería un tema de impuestos, porque ya con la Dian es otra historia: ya no hay una investigación penal, o sea, uno puede inventar mil mierdas... Lo importante es que yo los pueda mantener a ustedes por debajo del radar (a Sanmiguel y a Portilla)”, le dice Moreno a San Miguel.
Tanto la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, víctima dentro del caso, como el ente acusador apoyan la determinación tomada por el empresario y su defensa. Por lo pronto, el penalista Iván Cancino, defensa de Sanmiguel, le manifestó a El Tiempo que se trató de un negocio entre privados en el que no se cometió ningún delito. Por su parte, el penalista Andrés Garzón, abogado de Moreno, no le hizo ningún comentario al respecto a ese medio.