
La Defensoría del Pueblo alertó por la grave crisis humanitaria que viven varios municipios del departamento de Chocó por la escasez de materia prima para tener energía eléctrica.
De acuerdo con la entidad defensora de derechos humanos, el diésel o ACPM, esencial para la energía eléctrica en Nuquí, Bahía Solano, Juradó y Bajo Baudó, que son poblaciones costeras, escasea porque los transportadores encargados de llevar el hidrocarburo, cansados de la extorsión del clan del Golfo, decidieron parar sus actividades en el puerto de Buenaventura.
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“Para que lo puedan transportar, tienen que pagarles un ‘impuesto’, por litro que lleven, a los integrantes de las Autodefensas Gaitanistas, es una situación lamentable; por eso, hago un llamado urgente a la fuerza pública, para que les dé protección a los transportadores de combustibles en sus recorridos. Necesitan hacer sus viajes sin ningún tipo de presiones ejercidas por los grupos criminales, sin temor alguno”, señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Este paro de transportadores de combustibles, que comenzó desde mediados de octubre en Buenaventura, ciudad costera del Pacífico colombiano, tiene afectados a los cuatro municipios no interconectados, los cuales hoy ya están con racionamiento total de energía.
“Nuquí, Bahía Solano, Juradó y Bajo Baudó están a oscuras desde hace varios días, por ende, expuestos a una cantidad de limitaciones, vulneratorias de sus derechos fundamentales, que podría derivar en una crisis humanitaria”, aseguró Camargo Assis.
El funcionario agregó que, de continuar el cese de operaciones fluviales de quienes están dedicados a esa actividad, se podría configurar una situación más compleja en materia de derechos humanos.
El no poder transportar a los enfermos de los campos a las cabeceras municipales, una parálisis del comercio y el turismo, este último es fundamental para la economía de la región, entre otras situaciones, agravarían el actual panorama.
“De llegar a faltar las medicinas, los alimentos, el agua potable, los elementos básicos para el día a día de las comunidades, configuraría en definitiva una crisis de proporciones mayores. Las autoridades competentes deben actuar cuanto antes”, afirmó el defensor del Pueblo.
Las elecciones también están en riesgo

De acuerdo con información de la Defensoría, en Nuquí, Bahía Solano, Juradó y Bajo Baudó el material electoral y todo lo relacionado con las comunicaciones y la logística no podrían ser transportados a las zonas rurales de las poblaciones afectadas en el previo de los comicios regionales, porque la única vía de acceso es por mar y ríos, y las embarcaciones de pasajeros y carga se quedaron sin gasolina.
“Los jurados y el personal de apoyo asignados para la jornada democrática tampoco podrían ser transportados. La situación es preocupante, además, porque si no hay energía el día del certamen electoral, no podría haber forma de adelantar los escrutinios”, señaló Camargo Assis.
Además de la cabecera municipal de Nuquí, sus centros poblados Arusí, Boca de Jagua, Jurubirá, El Morro, Coquí y Joví también están siendo afectados por la falta de ACPM y gasolina.
Lo mismo sucede en el casco urbano del Bajo Baudó y sus corregimientos Orpúa, Hijúa, Pavasa, Piliza, Guineal, Dotenedó, Cuevita, Bella Vista, Belén de Docampadó, Villa María, Playita, entre otros.
En Bahía Solano se están viendo afectados sus corregimientos: Mecana, Huina, Nabugá, Playita Pote, Huaca y Cupica; igualmente, en Juradó y sus sitios conocidos como Punta Ardita y Punta Piña.
El defensor del Pueblo fue enfático en su llamado a la fuerza pública para que les dé protección en sus recorridos a quienes se dedican a la producción de energía eléctrica. A las entidades competentes les solicita implementar medidas de contingencia que permitan solucionar lo que está pasando en esa zona costera del Pacífico.
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