El 17 de octubre, el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, presentó un informe en el que advertía que 533 candidatos a concejos y alcaldías podrían estar inhabilitados por haber suscrito contratos con los entes territoriales en donde aspiran ser elegidos. Esto provocó un revuelo en el país político, que acusó al Gobierno nacional de estar creando una suerte de policía política para perseguir a los candidatos.
El 18 de octubre, la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, se sumó a las críticas y anunció que están estudiando si Idárraga podría verse envuelto en una investigación disciplinaria por participación indebida en política.
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“Estamos evaluando en virtud de algunas informaciones que nos han presentado, la situación de su manifestación para analizar antes de tomar cualquier medida, como es lo correcto, si hubo o no injerencia en participación política. El secretario de Transparencia es una persona que da recomendaciones a los entes”, dijo la procuradora Cabello en rueda de prensa
La jefa del Ministerio Público también dijo: “Recordémosle a cada entidad sus competencias, cada cual tiene que asumir y tener claras cuáles son sus competencias. El secretario de Transparencia es un funcionario público que tiene que respetar con mucho cuidado todas las actuaciones y manifestaciones que hace hacia el público, que ejerce una función de secretario técnico de la Comisión de moralidad”.
Y le envío un mensaje a los servidores públicos y funcionarios del Estado para que “por favor se cuiden mucho de qué dicen cuando están hablando en público para evitar que tengan de pronto una injerencia en participación política y nos toque hacer las aperturas correspondientes”.
Secretario de Transparencia se defendió
En X (antes Twitter), el secretario Idárraga advirtió que la denuncia que hizo tiene como base los datos del Secop II y que este informe fue presentado al Consejo Nacional Electoral y a los órganos de control antes de ser puesto en conocimiento de los medios de comunicación y la ciudadanía:
“El informe sobre 553 candidatos a alcaldías y concejos municipales que según el SECOP II celebraron contratos públicos con los entes territoriales donde esperan ser elegidos, durante el año anterior a la elección, fue trasladado antes de la presentación a los medios y la opinión pública al Consejo Nacional Electoral y a la Procuraduría General de la Nación para lo de su competencia”
También explicó que el informe presenta el universo de candidatos que presuntamente estarían incursos en una de las causales de inhabilidad, provenientes de todas las colectividades, de todos los partidos, advirtiendo que “la causal es objetiva” y que lo realmente importante es que “la autoridad competente constate el contenido del informe y tome decisiones que garanticen igualdad entre los candidatos y transparencia en el uso de los recursos públicos y de los procesos electorales”.
Ministro del Interior se desmarca de informe de oficina de Transparencia de Presidencia de la República: “No es pertinente ni prudente”
En la plenaria del Senado, durante el preámbulo a la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, la senadora Angélica Lozano hizo reparos a este informe acusando al Gobierno nacional de estar creando una policía política para perseguir a los partidos.
El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, contestó a estos señalamientos desmarcándose del informe de la oficina de Transparencia de la Presidencia y advirtiendo que el Gobierno nacional es respetuoso de la Constitución de 1991 y la ley, señalando que el único órgano, o entidad, que puede definir quién está, o no está habilitado para aspirar a un cargo de elección popular es el Consejo Nacional Electoral.
“La declaración un funcionario de la Presidencia siento que no es pertinente ni es prudente, porque cualquier ciudadano puede tener una opinión, que es una opinión constitucional y legal sobre quién está o no está habilitado, pero quienes ostentamos cargos de tan alta dignidad tenemos que entender, que si nuestra opinión va contra los intereses no de uno, no de cien, sino de más de 500 candidatos, el camino más expedito, más lógico que debemos actuar o que debemos transitar es el que de llevar esa opinión respetuosamente ante el Consejo Nacional Electoral y que sea el Consejo Nacional Electoral hoy, mañana ojalá otra entidad que tenga una concepción mucho más democrática, mucho más incluyente, pero hoy es el Consejo Electoral quien tiene que decirnos quién está habilitado o quién está inhabilitado”
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