JEP ordenó la inspección en la base de Tolemaida por crímenes de la fuerza pública en asocio con paramilitares

La entidad intervendrá en el juzgado penal militar 59, ubicado en el fuerte militar de Tolemaida, para investigar crímenes de guerra

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El tribunal especial de paz revisará más de 50 procesos del juzgado penal militar 59 para investigar acerca de crímenes de guerra cometidos por militares y paramilitares - crédito Álvaro Tavera/Colprensa.
El tribunal especial de paz revisará más de 50 procesos del juzgado penal militar 59 para investigar acerca de crímenes de guerra cometidos por militares y paramilitares - crédito Álvaro Tavera/Colprensa.

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó inspeccionar los archivos del Juzgado 59 Penal Militar, ubicado en la base militar de Tolemaida, para obtener las copias de 56 procesos que serán estudiados en el marco de la investigación que adelanta sobre crímenes cometidos por la fuerza pública y grupos paramilitares en el conflicto armado colombiano.

Esta decisión fue tomada por el alto tribunal luego de determinar que hay algunas zonas críticas en las que presuntamente se habrían presentado más casos, después de analizar varios informes. Algunas de estas zonas son Ariari- Guayabero-Guaviare-Caguán, así como Florencia y zonas aledañas, en donde se habrían presentado 854 hechos victimizantes.

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Por eso, el despacho de la magistrada Reinere Jaramillo solicitó a la Unidad de Investigación y Acusacion (UIA) de la JEP adelantar la investigación y tomar copias de los 56 expedientes que contendrían información sobre bajas reportadas en combate por las Fuerzas Militares, ocurridas entre principios de 2004 y finales de 2007.

“En consideración a que la información que se requiere se encuentra en el Juzgado 59 de Instrucción Penal Militar, es necesario, pertinente y conducente realizar una inspección judicial a la dependencia judicial respectiva para recopilar la información relevante que se encuentre en los expedientes relacionados con hechos de violencia que vinculan en su participación a integrantes de la fuerza pública con ocasión de las actuaciones desarrolladas en el marco del conflicto armado”, explicó la JEP.

De tal manera que los magistrados del alto tribunal le dieron al Juzgado 59 Penal Militar un plazo de cinco días contados a partir de la notificación para remitir el informe sobre el estado judicial y el lugar donde están los expedientes solicitados.

“La práctica de la diligencia podrá incluir los demás expedientes que en el acto de la diligencia se ubiquen en dicho despacho y correspondan al período 2004-2007 por investigaciones relacionadas con integrantes de la fuerza pública que fueron o se vinculan con graves violaciones a derechos humanos y derecho internacional humanitario”, señala la magistrada en el documento.

Así mismo, el tribunal determinó que la inspección judicial se llevará a cabo los días 24, 25, 26 y 27 de octubre de 2023, a partir de las 8:30 de la mañana. Frente a los expedientes que se hayan remitido a la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar en Bogotá, se tomarán copias de los expedientes el martes 31 de octubre y miércoles 1 y jueves 2 de noviembre en la capital colombiana.

“El despacho ordenará la práctica de una inspección judicial los días 24, 25, 26 y 27 de octubre de 2023, a partir de las 8:30 de la mañana, sobre los expedientes del listado relacionado en el párrafo 8, que se encuentren en el Juzgado 59 de Instrucción Penal Militar ubicado en la Base Militar de Tolemaida, Nilo – Cundinamarca- con el fin de recaudar información relevante en las investigaciones contra integrantes de la fuerza pública por graves violaciones a derechos humanos y derecho internacional humanitario que el subcaso realiza durante el periodo 2004-2007″, se indica en el documento.

Este caso tiene lugar porque el alto tribunal cuestiona un total de 60 bajas en combate, ya que en su mayoría fueron reportados como “N.N.”. Se tiene la sospecha que aquellas bajas correspondan a casos de mal llamados ‘falsos positivos’, nombre bajo el cual se conocen a las ejecuciones extrajudiciales cometidas por algunos miembros de la Fuerza Pública entre 2002 y 2008.

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