En Colombia se han impuesto sanciones que ascienden a los $18.000 millones por infracciones ambientales

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) sostuvo que la entidad no solo otorga licencias ambientales a macroproyectos del país, sino que también hace seguimiento y control de las mismas.

Por medio de un comunicado de prensa que público desde su sitio web, la entidad enfatizó que en el último año se han impuesto multas que ascienden a los 18.000 millones de pesos a empresas que no cumplen las normas y que pueden generar estragos ambientales.

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“Cuando se incumplen normas ambientales, la legislación dispone que debemos investigar y si se encuentran responsables debemos sancionar”, afirmó el director general de la Anla, Rodrigo Negrete Montes.

Con base en la Oficina Asesora Jurídica de Anla, a junio de 2023 se registró un total de 1.747 expedientes sancionatorios activos, los cuales se desprenden de investigaciones por denuncias ambientales verificadas o por incumplimientos de las obligaciones establecidas por la entidad.

La entidad aclaró que para determinar dichas acciones sancionatorias o medidas preventivas, la Anla brinda todas las garantías del debido proceso a los titulares de las licencias ambientales.

A su vez, la Oficina Asesora Jurídica de la dependencia recurre al apoyo interdisciplinario de los diferentes equipos técnicos, que desarrollan rigurosos seguimientos a los proyectos de competencia de la Anla, que a su vez, emiten conceptos precisos que fundamentan las decisiones a tomar en caso de hallarse una presunta infracción ambiental.

Entre las acciones de mayor relevancia que ha llevado a cabo la entidad en los últimos doce meses, se destacan las sanciones impuestas en los sectores de hidrocarburos, energía e infraestructura; no obstante, la dependencia recalcó que durante ese periodo también se resolvió 22 recursos de reposición contra penalidades impuestas.

Con relación a las medidas preventivas, durante el periodo de reporte la Anla tramitó 24 acciones relacionadas con ese aspecto. Dichos actos llevaron a suspender temporalmente la ejecución de algunos proyectos para prevenir impactos negativos al medio ambiente.

De acuerdo con información oficial de la Anla, la entidad cuenta con 1.944 radicados que tienen una posible infracción ambiental o social, de proyectos que se están adelantando o están en funcionamiento en el país.

Dicha información es suministrada por la dependencia a través de la página de “Estadísticas Denuncias Ambientales” por medio de una herramienta de consulta abierta, que se pone a disposición de todos los interesados con el fin de aportar la transparencia y el acceso de la información.

A partir de las denuncias sobre los impactos y posibles afectaciones a infracciones ambientales, los departamentos que más registran radicados son:

• Meta con 315
• Antioquia con 219
• Bogotá D.C. con 186
• Casanare con 131
• Cundinamarca con 105
• Boyacá con 63
• Cesar con 63
• Tolima con 63
• Putumayo con 53
• La Guajira con 52
• Bolívar con 42
• Córdoba con 34
• Nariño con 33
• Norte de Santander con 32
• Valle del Cauca con 26
• Atlántico con 25
• Magdalena con 23
• Caldas con 20
• Huila con 16
• Sucre con 11
• Quindío con 4
• Amazonas con 2
• Guaviare con 1

En cuanto a los municipios y ciudades capitales, Bogotá lidera con 186 reportes; seguido de Puerto Gaitán con 81, Acacías con 80, Lebrija con 56, Barrancabermeja con 41, Villavicencio con 41, Castilla La Nueva con 39, Puerto Boyacá con 31, Barranca con 30, Cartagena con 25, San Luis de Palenque 20 al igual que Guaduas, Barranquilla con 18 e Ituango con 16.

Los que menores registros presentan son: Moniquirá, Puerto Lleras, Sincé, Armenia, San José del Guaviare, Girardot, Leticia, Santa Rosa, Soacha, y el Espinal con un solo reporte.