Demanda a Isabel Zuleta: Pacto Histórico habría señalado que se trata de una persecución mediática contra la senadora

El partido de Gobierno expresó en un comunicado, que carece el QR de autenticidad, su respaldo a la controversial congresista, luego de que el Consejo de Estado aceptara una demanda en contra de su investidura por supuestamente financiar a candidatos de esa colectividad en la actual contienda electoral regional

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La congresista rechazó los actos
La congresista rechazó los actos del senador Álex Flórez. Foto: Colprensa

La senadora Isabel Cristina Zuleta del Pacto Histórico, el partido de Gobierno, habría recibido el respaldo de esa colectividad, luego de que el Consejo de Estado aceptara una demanda en contra de su investidura al ser señalada de brindar apoyo económico a candidatos de esa coalición de movimientos de izquierda, que iría en contravía de la ley estatutaria 1475 de 2011 con la que regula el tema.

La congresista publicó el miércoles 18 de octubre, en su cuenta oficial de Instagram, un extenso comunicado con logos del movimiento político que conformó el presidente de la Republica, Gustavo Francisco Petro, aunque sin contar con el código QR de autenticidad que suelen utilizar, de hecho tampoco está en su web oficial o en sus redes sociales.

En la misiva se señala que se trataba de una ‘encerrona’ de los medios de comunicación en contra de la congresista y de hecho lo encabezaron de esa manera: “Rechaza la persecución mediática y jurídica que sufre la líder socio-ambiental y Senadora (sic)”.

El documento, que lleva la firma de Carmen Anachurydiaz, la secretaria General del partido, señala que por su carácter franco y frentero ha sido asediada por la prensa del país para que no siga dando sus luchas en el Congreso.

“Desde que aceptó la postulación que le hicimos como una de nuestras candidatas del Pacto Histórico al Senado de la República y mucho más desde que se posesionó, fue evidente la manera como los medios masivos de comunicación iniciaron una campaña de desprestigio para desacreditar su potente voz, por medio de la tergiversación de sus intervenciones, de sacar de contexto sus palabras e incluso de preguntas mal intencionadas, han orquestado “escándalos” (sic)”, aseguraron.

Y recordaron que el proceso que le iniciaron en el alto tribunal fue consecuencia de esa persecución mediática, cuando expresó sus reparos al proyecto de ley con el que se busca reducir los salarios para los miembros del Legislativo.

“Ella, quien estuvo siempre de acuerdo y votó en consecuencia, propuso una discusión más amplia sobre la equidad salarial en Colombia que tuviese en cuenta los gastos que tenían cargos como el de los congresistas a quienes les está prohibido percibir otro tipo de ingresos que no sea el de su salario, fue más allá incluso y puso ejemplos concretos del mundo de lo privado, que parece incuestionable en Colombia como si los exorbitantes salarios de directivos empresariales fueran justos en comparación con los de los obreros más pobres (sic)”, agregaron.

Posteriormente, aseguraron que en ese contexto concedió una entrevista a la emisora Blu Radio y sus declaraciones fueron tergiversadas, conllevando a que en el Consejo de Estado aceptaran la demanda contra su investidura.

“Expresó públicamente nuestra congresista que ella haría aportes para las campañas políticas del Pacto Histórico y en particular de la Colombia Humana (...) Solicitó que las donaciones que recibiera el Partido fueran usadas para la publicidad que necesitaban los candidatos y candidatas, pero sobre todo insistió en que el apoyo les llegara a las candidaturas más humildes del país. Este propósito fue truncado porque BluRadio difundió información errada en la que daba a entender que los congresistas no podían hacer aportes voluntarios con destino a la financiación de campañas electorales aun cuando esta posibilidad está expresamente planteada en la Ley 1475 de 2011 en su art.27 numeral 6 (sic)”, sostuvieron.

Finalmente señalaron que el mencionado apoyo económico no se ha llevado a cabo, luego de que le iniciaran otra investigación, esta de carácter disciplinario, en el Ministerio Público.

“Al día siguiente de la entrevista mal intencionada del medio de comunicación, la Procuraduría General de la Nación decide abrir investigación en contra de la Senadora sin otro motivo que la entrevista y las afirmaciones realizadas por ella de manera trasparente de su intención de aportar de su salario a las campañas del Partido. Por lo anterior la decisión que tomó la Senadora en vista de las dudas y el orquestado escándalo, fue no realizar dichos aportes (sic)”, afirma la misiva.

Lea aquí el comunicado completo:

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