El Consejo Nacional Electoral ha revocado casi tres mil candidaturas para las elecciones regionales, y faltarían más

El 29 de octubre se llevarán a cabo las elecciones regionales de Colombia y, a un poco más de una semana para los comicios, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Alfonso Campo Martínez, dio a conocer que la institución han anulado la candidatura de 2.955 aspirantes en todo país.

En entrevista con El Colombiano, Campo Martínez indicó que aún no han terminado de analizar las solicitudes de revocatoria, las apelaciones y demás recursos jurídicos interpuestos ante la entidad, pero que cuando se culmine, presentarán un informe detallado con las revocatorias y sus motivos.

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“Las audiencias públicas aún están en curso. Evaluamos reposiciones, modificaciones que contempla la ley y todos los recursos que están a merced de los ciudadanos, de los partidos, de los movimientos políticos y de los grupos significativos. Cuando culminemos estos procesos el país conocerá un informe de cierre”, le dijo Alfonso Campo Martínez al medio en mención.

De acuerdo con el presidente del CNE, hasta el 5 de octubre la institución recibió 4.145 solicitudes de revocatorias, de las cuales aceptaron 2.955 y rechazaron 1.190 debido a que los candidatos denunciados no presentaban problemas para mantener sus aspiraciones políticas.

Campo Martínez alegó que las revocatorias de las candidaturas fueron hechas apegadas a las normas que dicta la Constitución y que están vigiladas por los organismos de control, por lo que señalamientos de represalias políticas no tienen cabida.

“Las decisiones que emite el CNE se cumplen con estricto apego a la Constitución, a la ley y con sagrado respeto al debido proceso. Son decisiones de observancia pública que están regidas y vigiladas por los órganos de control y frente al escrutinio ciudadano. Las calidades éticas de cada magistrado están en concordancia con los deberes legales”, agregó el presidente del CNE.

Entre las revocatorias de candidaturas más llamativas que ha hecho el CNE están las de Tulio Gómez, candidato a la Gobernación del Valle del Cauca; Santander Lopesierra, el exnarcotraficante candidato a la Alcaldía de Maicao; Patricia Caicedo, candidata a la Alcaldía de Santa Marta y Rodolfo Hernández, excandidado presidencial y aspirante a la Gobernación de Santander.

Fue precisamente Hernández uno de los que señaló al CNE de corrupción y de tomar represalias políticas en su contra para truncar sus aspiraciones. El longevo político y su partido, Liga de Gobernantes Anticorrupción, denunciaron públicamente un caso de corrupción dentro del Consejo Nacional Electoral.

De acuerdo con Rodolfo Hernández, un funcionario del CNE identificado como Camilo Sánchez estaba pidiendo 13 millones de pesos para anular su candidatura a la Gobernación de Santander.

La denuncia asegura que Sánchez hace parte del equipo de trabajo del magistrado Alfonso Campo y que tenía detalles sobre la audiencia de la revocatoria de candidatura.

“Todo el material probatorio fue aportado por el partido Liga de Gobernantes al presidente del CNE Alfonso Campo, con copia a la Fiscalía General de la Nación”, sostuvo el exalcalde de Bucaramanga.

Según Hernández, el presunto integrante del CNE hizo una llamada en la que daba detalles del hecho, la cual quedó grabada y fue presentada en una denuncia formal ante la Fiscalía.

Al respecto la entidad respondió: “Revisada exhaustivamente la base de datos adscrita actualmente al Consejo Nacional Electoral y cumplida la correspondiente inspección, en nuestro departamento de Talento Humano no se encontró a ningún funcionario vinculado con el nombre de Camilo Sánchez, tal como lo señala la publicación del señor Ingeniero Rodolfo Hernández”.

A Rodolfo Hernández le revocaron la candidatura a la Gobernación de Santander por varias sanciones de la Procuraduría mientras fue alcalde de Bucaramanga, entre esas una por la adjudicación de un contrato para manejar las basuras de la ciudad, que terminó beneficiando a uno de sus hijos. Tanto Hernández como su séquito político intentan revertir la decisión del ministerio público.