En la noche del martes 17 de octubre, se conoció la decisión del Consejo de Estado de aceptar y evaluar una demanda para que pierda su investidura la senadora Isabel Cristina Zuleta del Pacto Histórico, partido de Gobierno.
La sala plena de lo contencioso administrativo del alto tribunal se encargará de este proceso que inició el ciudadano Augusto de Jesús Osorno Gil, miembro de la Colombia Humana, movimiento político del presidente, Gustavo Petro, con base en el artículo 184 de la Constitución Política luego de aceptar que estaba financiando directamente aspirantes a cargos de elección popular en la contienda electoral regional que se llevará a cabo el próximo 29 de octubre, explicaron en la emisora Blu Radio.
Precisamente en una entrevista que concedió la congresista en ese medio radial, la senadora habría aceptado que estaba girando recursos a candidatos de la coalición de colectividades de izquierda con la que Petro logró convertirse en jefe de Estado.
“Estoy apoyando a los candidatos con mi salario. Creo que ese es mi deber, mi responsabilidad a través de donaciones que están permitidas por la ley, estamos ayudando en toda la poca experiencia que llevo en este poco tiempo de ejercicio (...) No solamente a través de donaciones concretas en publicidad, sino que voy a hacer presencia con ellos en los territorios para poder acompañar sus candidaturas”, citaron en esa emisora de las controversiales declaraciones de Zuleta.
Entre tanto en la revista Cambio explicaron que la demanda señala que la senadora estaría actuando también en contravía del artículo 27 de ley estatutaria 1475 de 2011 con la que se estableció la normativa para la organización de movimientos y partidos políticos con el que se establece que los funcionarios no pueden financiar colectividades, aunque resaltaron que contempla una excepción en el sentido de que los integrantes de los mismos si pueden hacer aportes económicos.
Detallaron que en el caso de Zuleta, ella si podía donar dinero al Pacto Histórico, pero no podría hacerlo de forma directa a las campañas de los candidatos de ese partido porque trasgrediría el artículo 25 de la mencionada ley.
En Blu Radio el demandante había señalado que la congresista estaba provocando un grave daño al partido de Gobierno ante esas expresiones que van en contra de la ley.
“Ha sido una tragedia lo que esta señora ha hecho en todo el país, pero sobre todo en Antioquia sus declaraciones son inconstitucionales son ilegales y por eso creo que da pie para la pérdida investidura es el gran daño que le ha hecho a este proyecto del cambio y de la transformación y de la renovación”, destacaron de una entrevista que le realizaron.
En Cambio recordaron que por estos hechos la congresista había indicado que los aportes los realizaría a través del partido, en una publicación que hizo en su cuenta oficial en la red social X, como respuesta al proceso disciplinario que también le iniciaron en la Procuraduría General de la Nación (PGN) por los mismo hechos.
“Señores de la @PGN_COL no he entregado ninguna donación, anuncié que lo haría a través de mi partido, basada en esta norma porque en nuestra interpretación estoy en la excepción contemplada en la Constitución y en la Ley 1475 de 2011. Sino es así, espero su concepto y no lo haré (sic)”, trinó el pasado 19 de agosto, con documento anexo de dicha normativa.
En medio de la controversia que provocó el anuncio de la senadora para apoyar económicamente a candidatos del Pacto Histórico, se conoció que su madre, Ana María López Calle, es una aspirante para uno de los escaños en el Concejo de Ituango.