La Alcaldía de Medellín dio a conocer en la mañana del miércoles 18 de octubre la adjudicación del contrato para construir la primera megacárcel del país. La firma constructora encargada de edificar el centro penitenciario es de origen mexicano y tiene una destacada trayectoria de 15 años realizando ese tipo de edificios.
El centro penitenciario fue anunciado por el entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero, antes de su renuncia al cargo. El exmandatario denominó el centro de detención como la cárcel distrital de sindicados de Medellín: “Un espacio de 300.000 metros cuadrados, 56.000 metros cuadrados de construcción, que albergara a cerca de 1.400 sindicados”.
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En el modelo de la construcción está detallada la realización de seis torres de vigilancia y, según la Alcaldía de Medellín, tendrá tecnología de última generación apoyada en el uso de inteligencia artificial para monitorear las 24 horas del día a todos los reclusos.
En los planos también se proyectan espacios para un edificio de justicia, espacios de salud, transición y espera, administración, guardia interna y externa, y espacios para caninos de custodia.
“Va a ser la cárcel más segura del país, va a ser el modelo más importante de seguridad en sindicados del país y se va a construir en el corregimiento de San Cristóbal”, agregó en su momento el entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero.
La cárcel distrital de Medellín surge como una respuesta al hacinamiento que se experimenta en los centros penitenciarios Bellavista, el Pedregal y la Paz, ubicados en el Valle de Aburrá. Además, esta nueva instalación recibirá a los presos que actualmente se encuentran en cerca de 27 estaciones de Policía de la región. Esto permitirá que aproximadamente 108 funcionarios de la institución dejen de prestar servicios de custodia en las estaciones y estén disponibles para cumplir con otras labores policiales.
La megacárcel de Medellín no solo busca descongestionar el sistema penitenciario de la región, sino que también tiene como misión brindar apoyo psicosocial para los procesos de reinserción social de los reos que hayan pagado su condena.
El proyecto recibió la aprobación en el Concejo de Medellín con una asignación presupuestal de más de 56.000 millones de pesos anuales durante 12 años para mantener el funcionamiento de la cárcel.
La prisión empezará a construirse desde el 2024 bajo un convenio publico - privado en el que participará la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas.
“Son tres excelentes noticias las que hoy se entregan. Primero, la solución del problema penitenciario y carcelario. Segundo, la obediencia a la sentencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema sobre el estado inconstitucional de cosas por el personal privado de la libertad en Medellín. Y la tercera, que Colombia ya cuenta con una entidad de la Administración Distrital, de la Alcaldía de Medellín específicamente, especializada en la estructuración de proyectos de factibilidad de concesiones vía APP”, dijo el director de APP, Rodrigo Foronda.
La construcción del centro carcelario fue impuesta por las altas cortes del país, que ordenaron a las autoridades administrativas distritales tomar las medidas que fueran necesarias para descongestionar el sistema penitenciario del país. En el caso puntual de Antioquia, las Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía y las estaciones de Policía tienen un 218% de hacinamiento.
Las primeras entregas de la obra estarán destinadas para albergar a sindicados con movilidad reducida, diferencia de género, condenados transitorios y para visitas íntimas.
“La entidad ganadora del contrato de concesión tendrá dos años para la construcción de la nueva cárcel, y posteriormente asumirá la operación de la seguridad, logística y mantenimiento de la infraestructura”, agregó Rodrigo Foronda.
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