El 17 de octubre, a 12 días de las elecciones regionales en Colombia, el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, presentó un informe que advertía que 533 candidatos a concejos y alcaldías podrían estar envueltos en inhabilidades para aspirar a los comicios del 29 de octubre. Este informe despertó revuelo y en la plenaria del Senado, en el preámbulo a la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional la senadora Angélica Lozano hizo reparos a este informe acusando al Gobierno nacional de estar creando una policía política para perseguir a los partidos.
El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, contestó a estos señalamientos desmarcándose del informe de la oficina de Transparencia de la Presidencia y advirtiendo que el Gobierno nacional es respetuoso de la Constitución de 1991 y la ley, señalando que el único órgano, o entidad, que puede definir quién está, o no está habilitado para aspirar a un cargo de elección popular es el Consejo Nacional Electoral.
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Velasco también advirtió que los altos funcionarios del Estado deben ser cautelosos al expresar sus “opiniones” y dejó entrever, de nuevo, el deseo de reformar el Consejo Nacional Electoral:
“La declaración un funcionario de la Presidencia siento que no es pertinente ni es prudente, porque cualquier ciudadano puede tener una opinión, que es una opinión constitucional y legal sobre quién está o no está habilitado, pero quienes ostentamos cargos de tan alta dignidad tenemos que entender, que si nuestra opinión va contra los intereses no de uno, no de cien, sino de más de 500 candidatos, el camino más expedito, más lógico que debemos actuar o que debemos transitar es el que de llevar esa opinión respetuosamente ante el Consejo Nacional Electoral y que sea el Consejo Nacional Electoral hoy, mañana ojalá otra entidad que tenga una concepción mucho más democrática, mucho más incluyente, pero hoy es el Consejo Electoral quien tiene que decirnos quién está habilitado o quién está inhabilitado”.
Sobre el Consejo Nacional Electoral, el ministro Velasco advirtió: “Tan ese es un tema de debate público, que aquí mismo en el Congreso, nosotros no podemos pedirle a los senadores que frente a una decisión administrativa del Consejo Electoral no puedan seguir el debate, porque evidentemente lo continúa, pero ese es otro elemento”.
¿Una policía política?
Ante el señalamiento de la senadora Lozano de si se está creando una suerte de policía política, el ministro Velasco rechazó la acusación y dijo que ni la Presidencia, ni el presidente, ni los ministros buscan perseguir a nadie:
“La posición del Gobierno nacional frente a esas afirmaciones es que quién puede definir quién está habilitado o quién está inhabilitado es el órgano que la Constitución y la ley define con claridad y nosotros, quienes ostentamos altas posiciones en el Estado tenemos que ser respetuosos de esas decisiones y no correr el riesgo de que con afirmaciones abramos un debate que es evidentemente un debate político, por ello, senadora, no hay en la Presidencia, ni es el estilo del presidente, ni de los ministros, una policía política persiguiendo a nadie”
También insistió en que el órgano que debe definir quién está habilitado, o no, para ocupar un cargo de elección popular es el Consejo Nacional Electoral, pues así lo ordena la ley y el Gobierno nacional es respetuoso de ella.
“Puede haber una situación de mala percepción de la función que tiene que adelantar una persona en un momento dado, pero no es una política de este Gobierno, quien define, en Colombia, las habilidades o inhabilidades de los candidatos están definidos en la Constitución y este Gobierno la respeta”
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