Interventor vinculado al escándalo de Odebrecht estaba vendiendo su casa en Islas del Rosario por $4.000 millones, pero ahora no recibirá nada

El empresario cartagenero Mayron Adalberto Vergel, reconocido por ser uno de los interventores investigados por presuntos actos de corrupción en el proceso de selección y adjudicación de un contrato de Alianza Público Privada APP en el río Magdalena, sufrió en cuantioso traspié ya que un millonario negocio que pretendía hacer se le frustró por cuenta de la intervención del Gobierno nacional.

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El negocio en cuestión se trataba de la venta de una exclusiva propiedad en el archipiélago de las Islas del Rosario, específicamente en Samoa. El propietario Vergel había estado trabajando en este proyecto durante varios años y había construido una mansión que tenía la intención de vender por 4 mil millones de pesos. Sin embargo, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) intervino la construcción de 1300 metros cuadrados en la propiedad, junto con otras dos propiedades.

Por su parte el director de la ANT, Gerardo Vega, resaltó las labores desempeñadas por la Agencia de la cual señaló que beneficiarán a los raizales de la isla:

Desde la Procuraduría General de la Nación se había realizado una investigación en contra de Vergel por presuntas irregularidades cuando se desempeñó como interventor entre la Corporación Autónoma Regional de Magdalena y Navelena para mejorar la navegabilidad del río Magdalena.

El Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), ha logrado la recuperación de un terreno en las Islas del Rosario que anteriormente albergaba un lujoso hotel. Según la ANT, este terreno se encontraba en una situación de ocupación indebida. El predio en cuestión, conocido como hotel Casa Blanca o Casa Grande, ocupaba una extensión de 4.810 metros cuadrados y es uno de los tres terrenos más significativos recuperados por la agencia en los últimos días.

El director de la ANT, Gerardo Vega, ha anunciado que el predio será entregado al Consejo Comunitario de Islas del Rosario para su administración. Esto representa un impacto inmediato para la comunidad local, pero al mismo tiempo plantea un reto importante en términos de su explotación turística.

La recuperación de este terreno se basa en la declaración de “ocupaciones indebidas por particulares con contratos vencidos para uso habitacional y turístico”. Esto se debió a que los ocupantes habían construido hoteles y casas de lujo en las Islas del Rosario, cobrando precios de arrendamiento excesivos sin pagar al Estado colombiano. Además, estas construcciones estaban teniendo un impacto negativo en el entorno natural, lo que la ANT calificó como “mejoras de mala fe”.

El proceso de recuperación de estos terrenos se llevó a cabo después de completar los procesos agrarios necesarios, lo que permitió a la ANT iniciar el procedimiento de recuperación y administración de los bienes baldíos de la Nación, con el objetivo de devolver estas tierras a la administración del Estado para beneficio de la comunidad y la conservación ambiental.

Con la recuperación de estos tres terrenos, el Gobierno ha recuperado un total de 11 terrenos que estaban ocupados y explotados comercialmente por particulares que no reconocían la propiedad del Estado.

La ANT logró los resultados por su trabajo en conjunto con la Policía Nacional, Personería de Cartagena, Defensoría del Pueblo, ICBF, Migración Colombia, entre otras entidades. En conjunto con estos socios, lograron también la recuperación de los terrenos de Samoa (1.398 metros cuadrados) y la Isla San Quintín (860 metros cuadrados).