Un día antes de que el Estado Mayor Central de las Farc firmara un acuerdo para la “protección de la población civil” en el inicio de negociaciones con el Gobierno nacional, su estructura Jaime Martínez retuvo a tres personas de una comunidad afro cerca de Buenaventura. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz les exigió coherencia con los compromisos adquiridos y la liberación de los secuestrados.
“Exigimos a EMC FARC respetar la vida de Juan David Mosquera, Johan Valencia e Ismael Arroyo y su inmediata libertad en coherencia con Acuerdo de Respeto a civiles de ayer Al ELN y EMC FARC aplicar con rigor el DIH por la vida y libertades en territorio de Yurumangui”, señaló la oficina del comisionado de paz Danilo Rueda.
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El Proceso de Comunidades Negras en Colombia denunció que la retención de las tres personas el 15 de octubre en la vereda San José, a orillas del río Yurumanguí, ubicado entre el sur del Río Naya y el norte del río Cajambre, al sur del Valle del Cauca, del municipio de Buenaventura.
El secuestro de Mosquera, Valencia y Arroyo habría sido realizado por la columna Jaime Martínez, correspondiente a la disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco, un día antes de la instalación de la mesa de conversaciones con el Gobierno nacional.
“Recordemos que ya casi se van a cumplir dos años (28/11/2021), desde que este mismos grupo armado Columna Jaime Martínez se llevó con vida Abencio Caicedo y Edinson Valencia y aún no los han regresado”, señaló el PNC al poner en conocimiento los hechos registrados el 15 de octubre de 2023.
De acuerdo con la información de la organización de comunidades negras, en la zona también se registran acciones militares entre el ELN y la columna Jaime Martínez que ponen “en riesgo a la población civil y vulneran los compromisos asumidos en el marco de las negociaciones que adelantan con el Gobierno Colombiano”.
Esta acción contradice los acuerdos firmados entre esa organización guerrillera y el Gobierno nacional para la instalación de los diálogos de paz. Entre ellos se establece el cumplimiento del derecho internacional humanitario y en particular el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, que prohíbe la toma de rehenes y establece la protección de los civiles de las acciones del conflicto.
Las exigencias de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, un día después de la firma de los acuerdos, también se refiere a diferentes acciones que han puesto en riesgo a la población civil e incumplen el DIH, como los combates entre grupos armados en el departamento de Putumayo.
“A las FARC Segunda Marquetalia y al EMC FARC , el pueblo de Putumayo, les exige parar su confrontación armada aplicando las normas del DIH. Propuesta de tregua y corredores humanitarios como los ya realizados semanas atrás son una aplicación del DIH Escuchen a las comunidades ya”, señaló la OACP.
desde el 17 de octubre, luego de la instalación formal de la mesa de conversaciones, quedó en firme el cese al fuego bilateral, temporal de carácter nacional con impacto territorial, que según el acuerdo tiene el objetivo de “respetar la vida en todas sus formas, los derechos y las libertades de la población civil, el territorio y el ambiente”.
Con ese acuerdo se conformó un Mecanismo de Monitoreo y Verificación que se encargará de vigilar el cumplimiento del cese al fuego, sin el perjuicio de que la fuerza pública ejerza sus mandatos constitucionales para hacer respetar la garantía de los derechos de las personas en todo el territorio nacional.