Agarrón entre Angélica Lozano y María José Pizarro tras informe sobre candidatos que estarían inhabilitados para las elecciones

El informe presentado el martes 17 de octubre de 2023 por el secretario de la Secretaría de Transparencia, Andrés Idárraga Franco, en el que se relacionan los nombres de 553 personas que estarían inhabilitas para ser elegidas en las elecciones regionales del 29 de octubre de 2023, causó un fuerte enfrentamiento verbal en el Congreso de la República entre las senadoras Angélica Lozano y María José Pizarro, de los partidos Alianza Verde y Pacto Histórico.

Durante la sesión en el Senado en el que se elegía el nuevo magistrado de la Corte Constitucional–entre Cielo Rusinque, exdirectora del Departamento de Prosperidad Social (DPS); Vladimir Fernández, secretario jurídico de la Presidencia, y Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras—, las congresistas tuvieron un fuerte roce, en el que expresaron sus puntos de vista acerca de la presentación hecha por Idárraga y los políticos que estarían cuestionados.

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Pese a que el orden del día estaba fijado, la senadora irrumpió y pidió el uso de la palabra para expresar su inconformidad por el informe de Idárraga. Fue en ese entonces cuando tuvo una acalorada discusión con Pizarro, que le pidió acogerse a lo dispuesto por la mesa directiva.

“Para votar el orden del día es imprescindible que el Gobierno, en cabeza del ministro del Interior, aclare las funciones de policía política que está ejerciendo...”, alcanzó a señalar la senadora, antes de ser interrumpida por la senadora del Pacto Histórico.

“Eso no es transparente, senadora, porque hay otros que pidieron la palabra para dejar una constancia. Le pido a la senadora ceñirse a la discusión en la que estamos”, respondió Pizarro ante la controversia.

Por su parte, Lozano refutó las acusaciones de su colega, que ejercía como presidenta de la sesión. “No acepto su comentario de falta de transparencia, porque las reglas del juego que eligió esta plenaria, promovido por el senador (Iván) Name, fue el de intervenir. Yo no tengo la intención de retrasar, ni cambiar la decisión de la elección del magistrado”, manifestó Lozano, que se quejó de que desde la página web de la presidencia se haya replicado el controversial informe.

Acto seguido, Lozano afirmó que con la denuncia presentada por el secretario Jurídico de la Presidencia se estaría ejerciendo como “policía política” y, no solo eso, persecución en contra de colectividades que no hacen parte del oficialismo. Con ello, expresó su reclamo al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, presente en el recinto, que tuvo que recibir la molestia no solo de la senadora, sino también de otros partidos políticos.

La senadora cuestionó que se convocara a rueda de prensa en la que, según ella, todos los partidos —salvo el Pacto Histórico, que se vio menos afectado por la investigación— resultaron con aspirantes inhabilitados a alcaldías y concejos. “El estado de derecho se respeta. ¿Cuál es el artículo de la Constitución que permite policía política desde la presidencia de la República?”, agregó la congresista.

Al respecto, cabe destacar que la Secretaría de Transparencia de la presidencia utilizó dos bases de datos: la del Secop II, que contiene información de los contratistas del Estado, y la Base Pública de candidatos electorales inscritos para las elecciones de 2023. De acuerdo con Idárraga, son 526 candidatos a concejos los que se encuentran inhabilitados, además de 27 aspirantes a alcaldías, quienes habrían celebrado contratos por el orden de los $62.000 millones.