Más de 500 candidatos a alcaldías, concejos y gobernaciones estarían inhabilitados, aseguró la oficina de Transparencia de la Presidencia de la República

La Secretaría de Transparencia explicó que los candidatos habrían celebrado contratos en periodos inhabilitantes, situación que, tan solo a dos semanas de las elecciones regionales 2023, dejaría pendiendo de un hilo varias candidaturas. “553 candidatos a alcaldías y concejos municipales estarían inhabilitados en las próximas elecciones del 29 de octubre de 2023″, citó el organismo.

“La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República cruzó dos bases de datos abiertos: La Base Pública de registros de contratación estatal digital SECOPII y la Base Pública de candidatos electorales inscritos para las elecciones de 2023. 526 candidatos y candidatas a concejos municipales y 27 candidatos y candidatas a alcaldías municipales, celebraron contratos por más de $ 62 mil millones en periodo inhabilitante”, añadió la secretaría.

En lo que corresponde a concejos municipales, los candidatos en cuestión habrían movido 769 contratos cuyo monto asciende a $50.170.361.301, siendo 526 aspirantes los involucrados. En lo que corresponde a partidos, sobre la mesa resaltan cinco: Centro Democrático, Partido Alianza Social Independiente ASÍ, Partido Liberal Colombiano, Partido Colombia Renaciente y Partido Alianza Verde.

La investigación realizada logró detallar que cinco candidatos al concejo en Medellín, El Copey, Soledad, Envigado y Buenaventura habrían concentrado el 59.15% del monto total, es decir, de los más de 50 mil millones de pesos.

• Jorge Julián Osorio Gómez, candidato al concejo de Medellín por el Centro Democrático, que habría ejecutado cinco contratos. El monto manejado por Osorio es de $16.759.199.720, según Transparencia.
• Pablo Jesús Marchena Marín, candidato al concejo de Soledad, Atlántico. El aspirante Partido Alianza Social Independiente ASÍ habría adelantado dos contratos, cuya suma asciende a los $6.174.480.000.
• Pablo Andrés Restrepo Garcés, candidato al concejo de Envigado por el Partido Liberal Colombiano, según la Secretaría de Transparencia, manejó cinco contratos cuyo valor asciende a $3.210.302.293.
• Danner Murillo Mondragón, candidato al concejo de Buenaventura por el Partido Colombia Renaciente. Estaría vinculado con siete contratos que suman $2.141.365.900.
• Jeisson Manuel Villalba Julio, aspira al concejo de El Copey, Cesar, con el Partido Verde Oxígeno, y se le señala de participar en el desarrollo de tres contratos por $ 1.388.633.105.

“Jorge Julián Osorio Gómez, candidato por el partido Centro Democrático al concejo de Medellín, está en el primer puesto según secop II, firmó cinco (5) contratos con el distrito especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín entre el 03/01/2023 hasta el 14/06/2023″, añadió la Secretaría de Transparencia.

Así mismo, en el contexto de alcaldía, la secretaría detalló: De los 27 candidatos a alcaldías que podrían estar incursos en una inhabilidad, estos cinco candidatos y partidos políticos, concentran el mayor monto en contratación suscrita en periodo inhabilitante”. Lo anterior está enfocado en los municipios de Melgar, Tulia, Arauca, Sincelejo y Gómez Plata.

El secretario de la Secretaría de Transparencia, Andrés Idárraga Franco explicó que, este seguimiento también pretende evitar lleguen recursos públicos a las campañas. Del mismo modo, existe la duda sobre los posibles lazos que se hayan podido crear entre la contratación pública y las campañas, siendo este un acto que pone en juego la legalidad de las mismas.

“La Secretaría de Transparencia ha venido indagando a propósito de la contratación pública, pensando la relación entre las candidaturas, la política y las campañas, evitando a toda costa que los recursos públicos lleguen a las campañas políticas”, sostuvo Idárraga.

Esta dependencia como otras entidades han realizado investigaciones previas al desarrollo de la jornada electoral, con el fin de garantizar el desarrollo de las mismas conforme a la ley, así mismo, se pretende fortalecer el sistema democrático y alejarlo de las eventuales alianzas entre lo público y los mismos aspirantes a los cargos en cuestión.