La periodista Jineth Bedoya asistió a una audiencia privada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que sesiona en Colombia, en esta reunión se esperaba verificar el cumplimiento de la sentencia contra el Estado por las amenazas, secuestro, tortura y violencia sexual en su contra del 25 de mayo del 2000. Además de intimidaciones en su contra del 2011 al 2014.
Cuando la periodista salió del recinto comentó sentirse decepcionado y preocupada ante la respuesta brindada por el Estado colombiano y comentó que desistiría de que la Fiscalía General de la Nación continúe investigando las amenazas en su contra.
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“Yo desisto de que la Fiscalía siga haciendo esas investigaciones, porque ellos no tienen ni la voluntad de investigar, ni tienen una línea de investigación, ni tienen el propósito de sacar adelante y establecer quiénes son las personas que están detrás de estas amenazas”, comentó.
Añadió: “(...) Sobre todo en los dos últimos años, en los que nos vemos líneas de investigación sobre las amenazas, pero ningún avance sobre los autores intelectuales del hecho, yo he tomado la decisión de desistir de las investigaciones sobre las amenazas que recibí entre los años 2011 y 2014 porque ellos no tienen la voluntad de investigar”.
Jineth Bedoya comentó que, aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos fijó la responsabilidad de los agentes estatales por los hechos de los que fue víctima años atrás, la Fiscalía General no ha llamado a declarar a ninguno de estos autores intelectuales:
“Generales de la Policía que están mencionados en el proceso, como el general Leonardo Gallego, que era el director de la DIJIN en el momento de mi secuestro, como el general Argemiro Serna, quien era el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, y otros oficiales de la Policía y del Ejército que no han sido vinculados al proceso”.
Para Jineth Bedoya, el Estado mintió porque no han cumplido con las medidas de reparación que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Una de ellas es, por ejemplo, la trasmisión del programa “No es hora de callar”, la Corte le ha ordenado a Colombia que permita que durante cinco años se emita en todos los canales públicos del país que permitan concientizar sobre la violencia contra las periodistas y mujeres víctimas de violencias de género. Ha venido la representación de MINTIC y de RTVC a decir que todo está concertado, que tienen un plan de acción, que tienen presupuesto y contenidos y eso es falso, porque llevo un año esperando las reuniones y no ha pasado nada”.
Y concluyó mencionando que ya informó a la Corte Interamericana sobre su determinación de desistir de las investigaciones y mencionó que lo hizo por dignidad y para que la Fiscalía asuma su responsabilidad en los procesos investigativos.
Dragoneante acusado de participar en el secuestro de la periodista se declaró inocente
El 25 de mayo del 2000, la periodista llegó a la cárcel La Modelo para entrevistar al exparamilitar Mario Jaimes Mejía, alias el Panadero, quien llevaba tiempo cubriendo temas relacionados con grupos paramilitares y comercio de armas en este centro penitenciario.
Según la información de la Fiscalía General en la audiencia el acusado Morantes estaba de guardia cuando la periodista solicitó el ingreso al centro penitenciario. El acusado presuntamente habría demorado su acceso para lograr que se quedara sola y pudiera ser secuestrada. Efectivamente, la comunicadora fue retenida por un hombre armado, luego apareció en vía pública de Villavicencio.
Para el ente acusador el dragoneante retuvo a Bedoya, diciendo que debía esperar a tener una boleta para el ingreso. Boleta que no existía. Sin embargo, en el momento en que la jueza lo interrogó, el acusado se declaró inocente y explicó que el tiempo que se tomó para permitir el ingreso de la periodista fue para verificar que sí estuviera autorizada su entrada.
Durante el interrogatorio Morantes mencionó que en ese entonces él no tenía muy claro cómo ejercer el cargo. “En la academia nunca le enseñan a uno cómo operar en un cargo, cada establecimiento es único y maneja normas diferentes, se va aprendiendo sobre la marcha”, explicó. Además, aclaró que nunca había visto a la periodista.
Instantes después, la periodista se pronunció en sus redes sociales diciendo que los funcionarios del Inpec estaban pasando por un tipo de “amnesia colectiva” al no recordar nada sobre los hechos.
Condenados por el caso
Hasta la fecha, tres paramilitares, identificados como Alejandro Cárdenas, Mario Mejía y Jesús Emiro Pereira Rivera, han sido condenados por el crimen contra la periodista. Esta es la primera vez que un agente del Estado comparece ante la justicia.
Además, por estos hechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que el Estado no fue capaz de evitar el secuestro de la comunicadora y que fue negligente en el proceso de investigación. Por eso, exigió la reparación de sus derechos.