Francia Márquez anunció medidas para erradicar la corrupción en el Icbf durante Consejo Directivo

El sábado 14 de octubre, la vicepresidenta Francia Márquez, lideró el Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), durante la jornada la también ministra mostró su compromiso para atender y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país.

Añadido a esto, Francia Márquez anunció que el Gobierno nacional implementará medidas para enfrentar los casos de corrupción que se han presentado al interior de la entidad encargada de proteger a los menores en Colombia. Durante la jornada le acompañó la directora general del Icbf, Astrid Cáceres Cárdenas.

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“Vamos a enfrentar la corrupción que se esté presentando al interior del Instituto, sabemos que ha habido corrupción y no vamos a permitir que esto termine arrebatando la vida de los niños, niñas y adolescentes de Colombia”, mencionó la dirigente de la cartera.

Asimismo, la directora de Bienestar Familiar mencionó “(...) estamos marcando un hito en garantía de derechos, tanto de la niñez como de las personas que trabajan por ella. Por eso, las madres comunitarias también tienen un papel fundamental en las acciones que adelantamos para proteger su dignidad”.

La vicepresidenta, a su vez, dijo que han trabajo de la mano de la directora para hacer un empalme, y de esta forma estar al tanto de la garantía de los derechos de los menores en el país. “Tenemos un desafío enorme y es detener la muerte y la violencia contra ellos, es una prioridad como ‘Gobierno del Cambio’ y estaremos trabajando de manera articulada para lograrlo”.

En esta línea, el Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 incorporó en uno de sus ejes trabajos para reducir las cifras de la desnutrición, incorporar la política como la soberanía alimentaria y la consolidación de la paz en la nación.

El 20 de septiembre del 2023, la Corte Suprema abrió investigación contra el exrepresentante a la Cámara Jhon Arley Murillo Benítez, por presuntamente haber exigido dinero a los contratistas y empleados del Instituto de Bienestar Familiar (Icbf), cuando este fungía como director de la regional Valle de la entidad, entre 2008 y 2016.

Conforme a una denuncia, los hechos continuaron luego de que el excongresista saliera de su cargo. Además, habría asumido la obligación de comprar suministros de alimentos a dos empresas, sobre las que tenía el control.

Los denunciantes aseguraron que las presiones de Murillo dentro del Icbf, no solo lo hacía para sacar beneficio particular, sino también con un propósito político para que contratistas y empleados de la entidad apoyaran su movimiento.

Por lo que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia investiga, si existieron irregularidades en la campaña con la que este obtuvo una curul en la Cámara de Representantes para el periodo 2018-2022.

Específicamente, se investiga el presunto reporte irregular e inexacto en el informe de ingresos y gastos que presentó el 11 de mayo de 2018 al Consejo Nacional Electoral, en el que hay costos y pagos que no fueron consignados en el documento.

El excongresista podría enfrentar cargos disciplinarios y penales por los delitos de fraude procesal, falsedad documental, corrupción y constreñimiento al sufragante.

Es abogado de la Universidad Santiago de Cali y especialista en derecho administrativo y docencia universitaria. Fue el fundador de Ubuntu, una institución que busca dar apoyo educativo y becas a jóvenes de escasos recursos del Valle del Cauca.

Su carrera en el sector público inició, como auditor de la Contraloría General en el Valle del Cauca y luego como director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de dos departamentos (Valle del Cauca y Chocó) marcando su paso por dicha entidad como el director regional más joven en la historia de la institución, con 28 años.

Fue representante a la Cámara para el periodo 2018-2022 por la Circunscripción Especial para las Comunidades Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras. Hizo parte de la Comisión Séptima de la Cámara y de la Comisión Legal para las Comunidades Afrodescendientes.

Como congresista impulsó la iniciativa legislativa llamada Certificado Étnico de Responsabilidad Empresarial, para incentivar la inclusión laboral de personas indígenas, afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras.

De acuerdo con Murillo, el proyecto consistía en que las empresas que tuvieran un 10% de trabajadores de comunidades étnicas en su personal. Así, se harían acreedoras de un certificado étnico empresarial que otorgaría el Ministerio del Trabajo. Con este obtendrán un puntaje adicional para los concursos de contratos del Estado.

El proyecto fue radicado por su autora, la representante Astrid Sánchez Montes De Oca, del Partido de la U, el 8 de agosto de 2023.