En Bogotá, la Fiscalía ocupó nueve inmuebles urbanos con fines de extinción de dominio

En trabajo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) lograron impactar el patrimonio de varias personas que estarían dedicadas a acopiar y comercializar mercancía de contrabando en el centro de Bogotá.

De esta manera, una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 9 inmuebles urbanos y 2 establecimientos de comercio, avaluados en más de $25.600 millones.

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De acuerdo con información revelada por la Fiscalía, entre 2018 y 2022, las propiedades habrían sido utilizadas para almacenar y distribuir productos que ingresaron de manera ilegal al país. Es así como estas personas dieron a entender de que no contaban con la documentación que acreditaba el pago de los tributos de ley y su entrada legítima al territorio aduanero nacional.

Las acciones fueron el resultado de la estrategia ‘Argenta’ dispuesta por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, con el fin de afectar con contundencia las finanzas de las organizaciones de crímenes organizado, la delincuencia y los grupos narcotraficantes.

Hay que tener en cuenta que, en el marco de desarrollo de la estrategia mencionada, en el mes de febrero del presente año se logró la incautación de 14 inmuebles en distintas localidades de la ciudad que habrían sido usados por estructuras criminales.

Los bienes, avaluados en más de 6.000 millones de pesos, habrían estado al servicio de las estructuras delictivas conocidas como Tren de Aragua, Carro Verde, Los Maracuchos y Los Camilos, bandas que se les atribuyen homicidios selectivos y algunos crímenes en los que las víctimas fueron torturadas, envueltas en bolsas plásticas y abandonadas en vía pública.

De este modo, fueron seis las localidades de Bogotá donde se hallaron los 14 inmuebles a los que se les aplicó medida de extinción de dominio. Estos estaban repartidos así: Suba, Ciudad Bolívar y Chapinero, un inmueble cada una; Mártires, dos inmuebles; Kenedy, cinco inmuebles y Bosa, cuatro inmuebles.

Las propiedades afectadas están ubicadas, específicamente, en los barrios Bellavista Sur, El Amparo, Llano Grande, María Paz, Patio Bonito, Chapinero y Prado Veraniego. Asimismo, los elementos de prueba probaron que, además de ejecutar asesinatos, estos bienes también fueron destinados al acopio y comercialización de estupefacientes al menudeo, cobro de extorsiones y secuestros.

Otro de los golpes en contra de estructuras delictivas dedicadas al contrabando. Las autoridades dieron con una organización que estaba conformada en su mayoría por ciudadanos asiáticos ingresaba al país la mercancía ilegal por las costas del Pacífico y Caribe.

Es así como la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión a seis inmuebles urbanos, cuatro vehículos, una sociedad y un establecimiento de comercio que según señalan las investigaciones habría sido usado por la red delincuencial.

A través de un comunicado emitido desde el ente acusador los bienes de la estructura colombo-asiática que fueron ocupados en diligencias realizadas de manera coordinada con la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), en la ciudad de Bogotá fueron avaluados en más de 10.000 millones de pesos.

En ese momento, la directora especializada de extinción de derecho de dominio Liliana Patricia Donado señaló que el punto de partida de la mercancía eran los puertos del Caribe y el Pacífico y el punto final eran los almacenes de la capital del país.

Desde la Fiscalía se establecido que los colombianos cumplían la función de transporte y venta de la mercancía en los establecimientos de Bogotá en la estructura. Finalmente, los inmuebles quedaron bajo control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).