Dilian Francisca Toro es una de las candidatas a la Gobernación del Valle del Cauca que lidera la intención de voto para las elecciones del próximo 29 de octubre 2023. Así lo reveló la última encuesta Atlas Intel, que midieron la intención de voto entre el 8 y el 12 de octubre de 2023.
La candidata Toro lidera, con 32,6%, mientras que Tulio Gómez quedó de segundo en la encuesta en mención, con 27,3%. Lo sorprendente de dichos resultados es que parte de la población vallecaucana no sabe por quién votar, con 17,1% de los encuestados, ubicándose en el tercer lugar.
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Por tal motivo es relevante conocer la gestión previa, ya sea en la política o no, de quienes pretenden gobernar en tanto a alcaldías, como gobernaciones.
El Espectador desempolvó presuntamente un ‘guardado’ de Dilian Francisca Toro, por las cuales tendría que dar explicaciones.
Todo se remonta a su periodo de gobierno en el Valle entre 2016 y 2019, cuándo la candidata por el partido de la U, se quedó con el mandato regional.
En la investigación del medio citado, se sacó a relucir su estrecha relación con los Jurado Donneys, una de las familias acomodadas de la región, con varias empresas relacionadas al transporte público. Uno de los personajes más reconocidos en este ámbito es Ramiro Jurado Donneys, quien ejerce como gerente de la empresa de autobuses Coomoepal y ha formado parte de la junta directiva del GIT Masivo, una de las compañías que opera los autobuses del sistema de transporte MÍO en Cali.
Jurado no es un recién llegado a la arena política, pues en 2011 intentó competir por la alcaldía de Cali, pero se quedó ‘pegado’. Sin embargo, a lo largo de los años, ha desempeñado un papel activo en el respaldo financiero a varios políticos afiliados al Partido de la U, a través de sus empresas.
Según los reportes presentados por Dilian Francisca en su campaña para el cargo de gobernadora en 2015, dos de las compañías de Jurado realizaron contribuciones significativas, sumando un total de $200 millones. De esta cifra, $100 millones provinieron de Agrotropic de Colombia S.A., mientras que el restante aporte se canalizó a través de Socoreval S.A. En ambas empresas, Ramiro Jurado figura como el representante legal.
De acuerdo con el medio citado, Dilian no habría informado ante un posible conflicto de intereses, ya que según lo estipulado en el artículo 2 del Estatuto Anticorrupción, ningún donante que contribuya con más del 2% del límite establecido para financiar campañas políticas puede beneficiarse de contratos con la entidad gubernamental que eventualmente sea liderada por el candidato respaldado. En el contexto del Valle del Cauca, el límite permitido para recibir contratos sin violar la ley era de $88.807.007.
Aunque la financiación no infringiría ninguna normativa, lo que plantea un evidente conflicto de intereses es que este patrocinador obtuvo un contrato el 8 de julio de 2019, a través de la Unión Temporal Especiales S.E.D., el cual fue suscrito por la Secretaría de Educación del departamento. Dicha Unión Temporal estaba conformada por Transrecreativos S.A.S. (cuyo representante legal era Pedro Nel Bocanegra Andrade) y la Sociedad Comercial y Residencial Valle del Lili (Socoreval), que es la empresa de la que es dueño Jurado Donneys. El representante legal de esta Unión Temporal era Diego Fernando Hurtado Espitia.
Según el registro en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), inicialmente, el contrato tenía como objetivo proporcionar servicios de transporte de pasajeros para la Secretaría de Educación en áreas urbanas y rurales del Valle, con un costo de $148.500.000.
Pasados dos meses, se realizó una adición al contrato, elevando su valor a $222.825,000, aparentemente destinada al “transporte escolar”, del mismo contrato de la Secretaria de Educación. Sin embargo, los documentos carecen de detalles específicos acerca de lo que implica este “transporte escolar,” ya que no se específica si se refiere al traslado de estudiantes a las instituciones educativas o si se trata de un servicio exclusivo para funcionarios públicos de dicha entidad.
Frente a esta investigación, El Espectador consultó a la candidata, quién explicó que: “revisando la documentación que aparece en la plataforma, quien funge como representante legal de dicha UT es Diego Fernando Hurtado; en ese orden, y verificados los libros contables de la campaña del 2015, el señor Diego Fernando Hurtado no aparece como aportante de la misma”.
Adicionalmente, Toro agregó: “Es importante señalar que en mi gobierno generé como directriz que la contratación se realizará primando la selección objetiva a través de procesos de licitación y concursos de méritos, siendo la excepción la contratación directa”, sin mencionar la Unión Temporal (UT) a la que se adjudicó el contrato que incluía la participación de Socoreval, una de las empresas pertenecientes a Ramiro Jurado, quien financió su campaña.