Rectores de importantes universidades del país se pronunciaron e invitaron al Gobierno nacional a cuidar la salud de todos los colombianos. Los académicos aseguraron que les preocupa la delicada realidad financiera que enfrenta el sistema y sus posibles consecuencias, en términos de una disminución en la calidad y oportunidad en la prestación del servicio.
“Es deber del Gobierno nacional y compromiso de todos los actores del sector contribuir a la superación de esta situación”, dijeron.
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El mensaje al presidente Gustavo Petro, Ministerio de Salud y equipo de apoyo en estos temas, lo envían porque insisten en que, desde sus capacidades y el análisis del contexto, se sienten en la responsabilidad de llamar la atención sobre cuatro puntos importantes:
En primer lugar, alertan sobre la situación actual de liquidez del sistema de salud en Colombia, que la califican como crítica, explicando que pone en riesgo la atención oportuna de los usuarios en los próximos meses.
“Dos instrumentos de financiación que regula el Estado presentan desequilibrios severos: de una parte, la unidad de pago por capitación (UPC) –el valor por afiliado reconocido a la EPS para cubrir el plan de beneficios– ha presentado insuficiencias sustanciales y persistentes en su ajuste anual; adicionalmente, el cálculo y el reconocimiento de los presupuestos máximos –para la prestación de servicios y uso de tecnologías de salud no financiadas con recursos de UPC– ha sido deficiente”
En el segundo punto, insisten en que el sistema puede enfrentar un retroceso significativo, que impactaría los avances en cobertura y el costo para los usuarios.
“A las dificultades de liquidez mencionadas se deben sumar las presiones de costos asociadas al envejecimiento de la población, a la mayor demanda de servicios, a la coexistencia de enfermedades no transmisibles y desigualdades sociales, y a la constante ampliación del Plan de Beneficios en Salud. Esto, además de los problemas de selección adversa que se han agudizado en el sistema, recargando los riesgos en aquellos prestadores que son reconocidos por la calidad de su servicio. El efecto conjunto de esos factores pone en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema, y por esa vía, su capacidad de atender adecuadamente la salud de los colombianos”
El tercer punto tiene que ver con un llamado de urgencia que, como sociedad, hacen al Gobierno para que cumpla con su obligación de garantizar la financiación sostenible de los servicios de salud.
“También, de asegurar el flujo de los recursos para atender de manera oportuna y suficiente las necesidades de salud de la población, como lo establece la Constitución de 1991 y la Ley Estatutaria en Salud. El sistema, que se organiza de forma descentralizada y con delegación de algunas funciones del Estado en los privados, opera con recursos de todos los contribuyentes, mediante contribuciones al sistema de seguridad social en salud (35% del total) y de la tributación (recursos fiscales, 54% del total)”
Complementan, argumentando que, para garantizar esta financiación sostenible, el Estado cuenta con instrumentos que debe calibrar adecuadamente, incluyendo los anteriormente mencionados: la actualización del Plan de Beneficios en Salud (PBS), el ajuste de la UPC, y el cálculo de los presupuestos máximos.
Finalmente, en el cuarto punto, coinciden en la importancia de hacer una reforma al sistema de salud en Colombia y advierten la necesidad de que esta garantice la gestión profesional de los riesgos.
“Hacia el futuro, cualquier cambio o reforma que se implemente para el sistema de salud deberá buscar una debida administración de los riesgos y de sistemas de contratación adecuados, en los que se generen los incentivos correctos para propiciar la eficiencia. También, se deberá garantizar que exista quien articule apropiadamente la red de prestadores de servicios de salud y sea la puerta de entrada al Sistema”
El comunicado concluyó resaltando que los actores del sistema actual han acumulado gran experiencia, tanto en la gestión del riesgo como en la administración de las redes de servicios.
“Con una buena gobernanza estatal se podrá potenciar el sistema, abriendo espacio a la innovación y al manejo integral de la información”
Estos son los rectores que firmaron el llamado de atención al Gobierno nacional:
- Lucía Mercedes De la Torre Urán, rectora, Unilasallista.
- Manuel Acevedo Jaramillo, rector, Universidad CES.
- Claudia Restrepo Montoya, rectora, Universidad EAFIT.
- José Manuel Restrepo Avendaño, rector, Universidad EIA.
- Federico Restrepo Posada, rector, Universidad de Medellín.
- Juan Camilo Restrepo Gutiérrez, vicerrector, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
- Pbro. Diego Alonso Marulanda Díaz, rector, Universidad Pontificia Bolivariana.