Previo a la firma del cese al fuego con las disidencias de las Farc, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta en 14 municipios del país

El próximo lunes 16 de octubre se programó la firma de un cese al fuego entre el Gobierno nacional y las disidencias de las Farc con el objetivo de fortalecer las intenciones de paz del grupo guerrillero.

Sin embargo, dos días antes de la firma la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en 14 municipios del Cauca y Valle del Cauca, donde hay riesgo inminente que los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos violen el derecho internacional humanitario.

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“Las comunidades de 14 municipios: Jamundí y Dagua (Valle del Cauca) y Buenos Aires, Santander de Quilichao, Suárez, Morales, Cajibío, Miranda, Corinto, Caloto, Guachené, Toribio, Jambaló y Caldono (en el departamento del Cauca), se encuentran en alto riesgo de vulneración de sus derechos, entre otras razones, por cuenta del desconocimiento de los dos frentes de las disidencias de las Farc de los principios de proporcionalidad y precaución previstos en Derecho Internacional Humanitario”, declaró la entidad garante de los derechos en Colombia.

La Defensoría del Pueblo señaló que las subestructuras mencionadas han adelantado ofensivas armadas contra la Fuerza Pública, principalmente en las estaciones policiales, bases militares y puntos de control de las autoridades, afectando con daños colaterales a la población civil, violando así los principios del derecho internacional humanitario, especialmente el componente que detalla la proporcionalidad y precaución de las acciones armadas.

“Lo que estamos recomendando con esta alerta es que a la par del avance del diálogo y la suspensión de acciones ofensivas y posibles ceses bilaterales del fuego, el Estado establezca medidas de prevención y protección que eviten que los actores armados realicen acciones violentas que infrinjan los principios del DIH y generen afectaciones a la población civil y sus bienes ante posibles vicisitudes que se puedan presentar”, declaró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

El director de la entidad de derechos humanos indicó que ningún espacio territorial del país debe tener vetado el acceso de las fuerzas del orden público y que para la fundamentación de un acuerdo de paz ese debe ser uno de los pilares.

Además, resaltó que desde la institución han emitido distintas alertas tempranas que dan cuenta de la siembra de minas antipersonal, amenazas contra la población, homicidios contra líderes sociales, comunitarios y personas defensoras de derechos humanos, reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en el departamento del Cauca.

“En la Defensoría del Pueblo valoramos los esfuerzos de paz emprendidos por el Gobierno Nacional con el Estado Mayor Central y otros grupos armados ilegales, pero esperamos se adopten las medidas preventivas que sugerimos para estos 14 municipios y sirvan de alivio humanitario para la población civil (...) Requerimos acciones que demuestren que los grupos armados ilegales tienen una voluntad de paz genuina, no queremos que los grupos armados sigan burlando el anhelo de paz que tenemos todos los colombianos”, concluyó el Defensor del Pueblo.

El Gobierno nacional y el grupo guerrillero pactaron la firma del cese al fuego para el lunes 16 de octubre en el municipio de Tibú (Norte de Santander), donde se dará el primer paso para llegar a un acuerdo de paz con el Estado Mayor Central, disidencia comandada por alias Iván Mordisco.

Concorde con el decreto de cese al fuego expedido por el Gobierno de Gustavo Petro, el cese al fuego será de carácter bilateral y se extenderá por tres meses, tiempo en el que se tiene proyectado el desarrollo de más mesas de diálogo y negociaciones con las disidencias.

“Se firmarán los acuerdos generales que se han elaborado durante este tiempo, protocolos para el mecanismo de verificación, reglas de compromiso, de vinculación de garantes internacionales y también delineamientos para la agenda”, declaró Camilo González Posso, jefe negociador del Gobierno con el reducto de las Farc.