Banda delincuencial siembra el terror en Chile: se identifican como ciudadanos de Buenaventura

El secretario de Gobierno de la ciudad pidió investigar si realmente se trataría de ciudadanos bonaverences

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Delincuentes colombianos en Chile tienen
Delincuentes colombianos en Chile tienen atemorizados a sus ciudadanos - crédito Getty

Colombianos dedicados a la delincuencia común tiene azotados a los ciudadanos de Chile, desde donde deportaron a 27 presuntos delincuentes señalados de cometer violentos robos, intimidación, homicidios y narcotráfico.

El viernes 13 de octubre se pronunció Arlington Agudelo, secretario de Gobierno de Buenaventura, que pidió investigar los videos que circulan en la web, en la que sujetos que comenten un robo en Chile se identifican como ciudadanos bonaverences.

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Uno de los casos de inseguridad en Chile al que hace referencia Agudelo se registró en el barrio Franklin, un sector altamente concurrido y en el que predominan establecimientos comerciales. Según los testigos del hecho delictivo, los delincuentes se autodenominaban ciudadanos de Buenaventura.

“Algunas personas enarbolaban ese tipo de nombres para hacer sentir que son bonavarenses, están flagelando la normal convivencia en Chile. Lo que he pedido por competencia es que la Cancillería de la República se conecte con la Cancillería de Chile, porque esto ya se convierte en un problema bilateral y se puedan adelantar las investigaciones entre los dos países para determinar si efectivamente, y no hacemos apología al delito”, declaró el funcionario, en declaraciones recogidas por RCN Radio.

El funcionario agregó que la Alcaldía de Buenaventura se pone a disposición del Gobierno chileno, con el fin de esclarecer los sucesos que involucrarían a colombianos de esa región: “Nuestra intención es que los gobiernos, a través de sus fiscalías, lleven a cabo investigaciones para verificar la autenticidad de lo que se está presentando en la región por parte de ciudadanos colombianos y bonavarenses”.

Colombianos hacen de las suyas en Chile

El 4 de octubre, el Servicio Nacional de Migraciones, a través de un comunicado oficial, informó que las autoridades chilenas expulsaron a 27 ciudadanos colombianos y tres haitianos que estaban cumpliendo penas de prisión menores a 5 años por su relación con actos delictivos que ha ocurrido en el país.

Las 30 personas de nacionalidad colombiana y haitiana fueron repatriados en un vuelo de la Fuerza Aérea de Chile (Fach). Estos individuos estuvieron bajo la custodia de 30 agentes policiales y fueron trasladados con destino a Puerto Príncipe y Bogotá, siguiendo una orden judicial.

Cada uno de los deportados tenía antecedentes criminales en Chile y se encontraban cumpliendo penas menores a cinco años y un día por delitos que incluían robos, intimidación, intentos de homicidio y tráfico de drogas.

Entre las personas deportadas se identificó a un hombre que previamente había sido detenido al intentar ingresar a territorio chileno desde Colchane, en la frontera con Bolivia. En ese momento, transportaba 11 kilos de marihuana oculta en piezas de una bicicleta. También un hombre que había sido arrestado en mayo de 2021 en Santiago, acusado de disparar al menos tres veces contra otra persona, provocándole heridas graves.

Igualmente, se deportaron dos individuos extranjeros, ya que en diciembre de 2022 habían sido detenidos en Iquique, al norte de Santiago, tras haber agredido a dos personas con la intención de robarlas.

En lo corrido de 2023, el Gobierno de Chile ha generado 640 deportaciones, de las cuales 192 fueron administrativas y 448 judiciales. Estas expulsiones se ejecutaron mediante el uso de aeronaves de la Fuerza Aérea, vuelos comerciales y también en los puntos fronterizos terrestres de Chile.

Según Luis Eduardo Thayer, director del Servicio Nacional de Migraciones: “El criterio es priorizar las expulsiones de aquellas personas que han venido a nuestro país a cometer delitos y tienen antecedentes penales, siempre con apego a la normativa legal y el debido proceso”.

“Al mismo tiempo, estamos llevando adelante el proceso de empadronamiento biométrico de personas que ingresaron al país por pasos no habilitados; esto nos permite mejorar el nivel de información y elevar los estándares de seguridad del Estado”, puntualizó Thayer.

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