Excomandante del Batallón Barbacoas admitió su responsabilidad en crímenes cometidos en Antioquia

La desaparición de doce personas, entre ellas tres menores de edad, y el asesinato de un campesino en la vereda La Esperanza de El Carmen de Viboral (Antioquia) en 1996, marcó la historia del conflicto armado en Colombia

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A la fecha, la JEP sigue adelantando las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y reparar a las víctimas - crédito Camilo Erasso/Europa Press
A la fecha, la JEP sigue adelantando las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y reparar a las víctimas - crédito Camilo Erasso/Europa Press

El mayor en retiro Hugo Abondano Micán, excomandante del Batallón 42 Barbacoas del Ejército Nacional en el departamento de Antioquia, aceptó su responsabilidad en hechos de violencia perpetrados por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el caso de la vereda La Esperanza en 1996.

En un documento de aporte a la verdad que presentó Abondano Micán ante la Sala de Definición de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), reconoció que, frente a los hechos de violencia ocurridos en ese lugar, omitió investigar y dar captura a los paramilitares cuando quedó al mando del Batallón Barbacoas.

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“(...) haber sido negligente en la investigación y acción contra los de la AUC, pues no adelanté ninguna acciones que dieran con su captura, sabiendo que habían sido los responsables y sabiendo aún más donde se encontraban”, dijo.

Según el mayor en retiro, lo registrado antes del 5 de julio de 1996 es responsabilidad del comandante de la Fuerza de Tarea Águila, mayor en retiro Carlos Guzmán, pues hasta esa fecha él se posicionó en su cargo al frente del Batallón Barbacoas del Ejército.

Además, Abondano Micán señaló que “ni tenía la capacidad logística, ni organizacional” para ejecutar la misión de capturar e investigar los hechos, y que “se tenía conocimiento quienes habían causado el hecho, ya que en los diarios del país y en la zona se sabía”.

Por esto, pidió perdón y admitió que en el Ejécito existían nexos con paramilitares de las AUC, pues muchos tenían un pasado como soldados de Ramón Isaza, fundador del grupo armado ilegal.

“(...) habían relaciones entre algunos miembros del Ejército con algunos integrantes de las AUC, y que esta relación llevó a que existiera negligencia y omisión del personal de tropa contra las AUC y no hubo acciones decisivas para neutralizarlos, por el momento que se vivía a nivel nacional y la conducta que se tenía, al considerar que el enemigo eran solo las guerrillas y no los de la AUC”.

Por lo anteriormente relatado, la JEP consideró que los aportes a la verdad del mayor (r) Hugo Abondano Micán, excomandante del Batallón 42 Barbacoas del Ejército Nacional, cumplió con los requisitos mínimos de aprobación de sus aportes a la verdad.

El caso seguirá en curso y serán llamados otros comparecientes para esclarecer los hechos y garantizar la no repetición de lo ocurrido en el caso de la vereda La Esperanza.

Caso de la vereda La Esperanza

En 2017, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) - crédito Luis Noriega/EFE
En 2017, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) - crédito Luis Noriega/EFE

La desaparición de doce personas, entre ellas tres menores de edad, y el asesinato de un campesino en la vereda La Esperanza de El Carmen de Viboral, en el Oriente antioqueño, entre el 21 de junio y el 27 de diciembre de 1996, marcó la historia del conflicto armado en Colombia.

La magnitud de lo ocurrido en este caso hizo que, el 31 de agosto del 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuviera conocimiento de lo sucedido y declarara internacionalmente responsable al Estado colombiano, ordenándole a este implementar medidas de reparación a las víctimas.

Las primeras desapariciones iniciaron el 21 de junio de 1996, cuando las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, al mando del exjefe paramilitar Ramón Isaza, alias el Viejo, en asociación con miembros de la Fuerza Pública, según la sentencia de la CIDH, ingresaron a la vereda La Esperanza llevándose forzadamente a 12 campesinos y asesinando a uno más.

Los familiares de las víctimas denunciaron los hechos y han pedido protección y reparación, pero al día de hoy no se ha terminado de esclarecer lo ocurrido, no se han encontrado a las personas desaparecidas, ni se han juzgado a los militares involucrados.

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