La Contraloría General de la República ha concluido una evaluación exhaustiva del “estado de cosas inconstitucional”, declarado por la Corte Constitucional debido al hacinamiento en las cárceles, y los resultados son preocupantes.
De acuerdo con el ente de control, se han logrado identificado graves problemas en la gestión de los recursos destinados a 20 establecimientos penitenciarios en todo el país, lo que ha llevado a hallazgos fiscales por un monto que supera los $169,000 millones.
Por ejemplo, en lo que se refiere al Proyecto de construcción de la Colonia Agrícola CAMIS Yarumal en Antioquia, cuyo valor de construcción es de $65,926 millones, no se ha llevado a cabo según lo planeado, lo que ha resultado en una pérdida significativa de recursos.
Otro caso preocupante se refiere a la Infraestructura Modular Penitenciaria EPMSC Santa Marta. El contrato de 2019 por valor de $25,606 millones no se ha entregado, lo que agrava aún más la falta de capacidad carcelaria.
Además, a pesar de la inversión de recursos, la Contraloría ha observado que ciertos pabellones, ampliaciones y estructuras con aproximadamente 2,721 cupos no han entrado en funcionamiento. Esto no solo incumple las condiciones exigidas por la Corte Constitucional, sino que también agrava la problemática del hacinamiento en las prisiones.
El tema de la alimentación en las cárceles también ha sido objeto de críticas. Las condiciones en los ranchos y áreas de preparación de alimentos no cumplen con las normas, específicamente la Resolución 2674 de 2013.
Esto afecta aspectos como las condiciones de las áreas de elaboración, el estado de los equipos y utensilios, la instalación y el funcionamiento de los equipos y utensilios, así como las condiciones de las materias primas e insumos.
La propuesta desde el Congreso para acabar con el hacinamiento en las cárceles
El hacinamiento que se registra en varias cárceles del país se ha convertido en una problemática para el Gobierno nacional. Las altas tasas de inseguridad en el país han generado que, ante la masiva interceptación de delincuentes, la fuerza pública ya no tenga dónde recluir a los criminales.
La situación se le estaría saliendo de las manos a las autoridades, que han visto cómo los presos continúan ejecutando sus operaciones delictivas incluso dentro de los centros penitenciarios. La fuerza pública tiene pleno conocimiento de ello, razón por la cual han endurecido los controles y los registros en cada una de las cárceles en el país.
No obstante, la situación abarcaría soluciones a mayor escala y una de ellas la dio a conocer el senador de la Alianza Verde Jota Pe Hernández. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el congresista puso como ejemplo a El Salvador, en donde el presidente, Nayib Bukele, ha robustecido las operaciones de la fuerza pública en contra de los criminales.
Por tal motivo, el congresista manifestó que emular al país centroamericano, en donde se construirá una cárcel con capacidad para más de 40.000 criminales, representaría una solución ante el hacinamiento en las cárceles del país. La única modificación que le haría Hernández a un penal con las mismas características en Colombia sería la de añadirle un pabellón para políticos que se vean envueltos en hechos de corrupción.
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