Petro sí podía cambiar la terna para la Fiscalía: la Corte Suprema de Justicia dejó por fuera definitivamente a Amparo Cerón

En la mañana del jueves 12 de octubre, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia decidió que la terna válida para elegir el reemplazo del fiscal Francisco Barbosa fue la segunda que presentó el presidente Gustavo Petro, cuando no incluyó a la delegada Amparo Cerón.

Según el alto tribunal, las capacidades del mandatario van hasta que la Corte Suprema acepta que las candidatas cuentan con los requisitos legales y constitucionales del cargo. Esta determinación responde al derecho de petición de Amparo Cerón en el que mencionó que el Presidente tenía la potestad para presentar el cambio en la terna, sin que hubiera renunciado con anterioridad.

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Así, la Corte Suprema dejó en firme la candidatura de las juristas Amelia Pérez, Ángela María Buitrago y Luz Adriana Camargo.

El martes 26 de septiembre, el jefe de Estado solicitó a la Corte Suprema de Justicia cambiar el nombre de la jurista, luego de que se le ligara con presuntas irregularidades en el caso Odebrecht para postular a su vez a Luz Adriana Camargo.

“Por su digno conducto informo a la honorable Corte Suprema de Justicia mi decisión de presentar una nueva terna para la elección de Fiscal General de la Nación con los nombres de las juristas Luz Adriana Camargo Garzón, Ángela María Buitrago Ruiz y Amelia Pérez Parra”.

Luego de la solicitud del jefe de Estado, Amparo Cerón envió una carta al Tribunal Supremo en la que señaló desconocer la decisión de Petro, ya que no renunció a integrar la lista de elegibles para llegar a la Fiscalía General:

“De manera respetuosa me permito informarles que, a la fecha y hora, no he RENUNCIADO a ser integrante de la terna para Fiscal General de la Nación, remitida por el Señor Presidente de la República doctor Gustavo Francisco Petro Urrego el día 2 de agosto de 2023″.

De igual manera indicó Cerón que tras la decisión del presidente Petro fue expuesta a través de difamaciones de una persona condenada por corrupción y repercutidos por la prensa: “La exclusión de mi nombre, en el contexto públicamente conocido, es tanto como una condena en mi contra, sin fórmula de juicio, sin haber sido oída, sin derecho alguno a defensa, porque sucede a unos actos de injuria y calumnia a través de medios de comunicación”.

En una carta radicada ante los magistrados del alto tribunal, Petro sacó de la lista a Amparo Cerón e incluyó a Luz Adriana Camargo.

Es conocida por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, que se encargó de asesorar la confección de la lista de ternadas. La mujer lleva más de dos décadas haciendo parte de su equipo de trabajo, en diferentes estamentos.

Camargo es reconocida por su participación en la investigación del fenómeno de la parapolítica, durante la época en la que ella y el hoy ministro fueron magistrados auxiliares de la Corte Suprema de Justicia. La investigación terminó involucrando a más de 50 congresistas, la gran mayoría de ellos condenados.

Imparte enseñanza en la Universidad Externado en el área de Derecho Penal. Además, ha sido subsecretaria de la comisión del Código Penal Tipo para Iberoamérica y Fiscal Delegada ante la Corte Suprema en su hoja de vida.

Forma parte del Instituto Colombiano de Derecho Procesal Colombiano, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y del Colegio de Abogados Penalistas de Santa Fe de Bogotá y Cundinamarca. También es recordada por liderar el proceso de investigación ante la Corte Suprema que buscaba determinar la suerte de los desaparecidos en la operación de retoma del Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985.

Ocupó la jefatura de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General tuvo a su cargo investigaciones contra los grupos paramilitares, los cuales en la década de los años 90 establecieron vínculos con miembros del Ejército Nacional.

Se destaca en su trabajo en el ente investigador el rastreo al accionar delincuencial de los cabecillas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como Carlos Castaño y Salvatore Mancuso; lo que le costó el exilio en 2003. Desde entonces reside en Canadá.

Fue la mujer que abrió investigación contra el general retirado del Ejército Jaime Humberto Uscátegui, señalado de ser el responsable de la masacre de Mapiripán (Meta), perpetrada del 15 al 20 de julio de 1997 por parte de las autodefensas.