Alcalde le prestó maquinaria del municipio al candidato de su partido para hacer campaña: la Procuraduría abrió investigación

El mandatario de Tibacuy, en Cundinamarca, estaría beneficiando a quien es el aspirante de su partido para sucederlo

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Imagen de Archivo Esta sería la segunda investigación llevada a cabo por la Procuraduría contra el Alcalde de Tibacuy - crédito Archivo Infobae

La Procuraduría General de la Nación anunció en su página web que abrió una investigación disciplinaria contra el alcalde de Tibacuy, Cundinamarca, Juan Carlos Riveros Muñoz, acusado de presuntamente facilitar en varias ocasiones maquinaria de la Alcaldía a un candidato que aspira a sucederlo en el cargo.

El ente de control de Fusagasugá, detalló que el beneficiario de esta asignación de recursos sería del mismo partido político que el mandatario actual, y que el candidato habría utilizado repetidamente una retroexcavadora propiedad del municipio, para llevar a cabo actividades de proselitismo político. Incluso, entregaba recebo a familias a cambio de votos, en vísperas de la jornada electoral del próximo 29 de octubre.

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Según la Procuraduría, las evidencias fotográficas anexas a la investigación respaldan las acusaciones. Como parte de su actuación disciplinaria, la Procuraduría buscará determinar si las acciones del alcalde y el candidato son constitutivas de falta disciplinaria y si se actuó al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

Por otro lado, la Procuraduría General de la Nación también emitió un pliego de cargos contra el Alcalde Juan Carlos Riveros Muñoz, en relación con el supuesto uso irregular en la asignación de recursos públicos destinados para Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB).

Se alega que estos fondos se utilizaron de manera inapropiada en actividades no permitidas para ese fin, que incluyen compra de gasolina, mantenimiento preventivo de vehículos municipales y la compra de materiales y equipos para el funcionamiento del acueducto.

El Ministerio Público rechazó la justificación de la pandemia para el uso de los recursos, porque no se respalda en estudios previos, y señala que uno de los contratos se firmó antes de la emergencia sanitaria. La Procuraduría sostiene que Riveros Muñoz, en su papel de administrador y contratante de la entidad, pudo haber incumplido sus deberes, afectando el principio de economía. Esta conducta, de ser cierta, podría ser calificada provisionalmente como falta gravísima a título de culpa grave.

Entre tanto, estos presuntos casos de corrupción en la Alcaldía de Tibacuy se suma a una investigación llevada a cabo por La Fiscalía General de la Nación en la que determinó que hay cerca de 1.000 alcaldías en el país que están embolsillando recursos públicos.

Según lo reveló Semana, el informe están llevando a cabo investigaciones por actos de corrupción en 1,050 de los 1,123 municipios del país, lo que representa más del 90% de las alcaldías afectadas por este problema endémico. Estos datos fueron proporcionados por el director contra la corrupción de la Fiscalía, Eduar Alirio Calderón, quien destacó la gravedad de la situación.

La corrupción no se limita solo a las alcaldías; abarca todas las esferas del Estado colombiano, incluyendo las Fuerzas Militares, el Ministerio de Defensa, la Policía e incluso la propia Fiscalía. Esto pone de manifiesto la profundidad y la extensión de este cáncer que socava la integridad y la confianza en las instituciones gubernamentales.

Las investigaciones se centran en delitos como la celebración indebida de contratos, la adjudicación de contratos sin cumplir los requisitos legales y el peculado por apropiación, entre otras conductas criminales que involucran a alcaldes y funcionarios públicos en serios problemas legales.

El informe también destaca un aumento en las denuncias por parte de la ciudadanía, lo que indica una mayor confianza en las instituciones y en la eficacia de las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía en la lucha contra la corrupción. Este incremento en la confianza ha llevado a un aumento del 50% en las denuncias presentadas por los ciudadanos.

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la capacidad de la Fiscalía para abordar la corrupción se ve obstaculizada por la falta de investigadores y jueces. A lo largo de los años, las denuncias por corrupción se han duplicado, lo que pone de relieve la necesidad de fortalecer el talento humano en la institución y desarrollar una política institucional clara en este sentido.

El balance de la Fiscalía muestra que, durante la administración del fiscal Francisco Barbosa, se han logrado 3,192 condenas solo por hechos de corrupción. Además, se han realizado más de 18,000 imputaciones de cargos por casos de corrupción, lo que demuestra la determinación de la institución en perseguir y sancionar a quienes participan en actividades corruptas.

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