José Félix Lafaurie hizo fuerte denuncia que implica a entidades del Gobierno de Gustavo Petro

Los ganaderos del país están cansados de las invasiones a fincas que se vienen presentando en las últimas semanas y que significan una violación a la propiedad privada, a predios que se utilizan para una actividad productiva.

Así lo dejó entrever el presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, en redes sociales, al asegurar que las autoridades deben tomar medidas frente a las invasiones de predios en todo el país.

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En X (antes Twitter), el dirigente gremial denunció que estas invasiones se están registrando, incluso, con la venia de entidades del Gobierno nacional que les estarían dando listados de fincas a los grupos invasores para ocuparlas de manera ilegal.

Anotó que los invasores llegan en motocicletas y otros vehículos (incluso, camionetas), con colchonetas, mercado, entran sin permiso de los dueños de los terrenos y empiezan a tomar posesión del predio, derribando árboles, quemando bosques, dañando los bienes de los dueños y, al parecer, amenazando a trabajadores y mayordomos.

“Así no nos transformaremos en potencia agroalimentaria, sino que habrá una caída de la inversión y la producción en el campo. Reforma agraria, sí, pero a las malas, no”, enfatizó el dirigente gremial.

Lo dicho por Lafaurie se conoce luego de que la presidenta de la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña), Claudia Calero, denunció que en medio de una diligencia de desalojo llevada a cabo por las autoridades judiciales y administrativas en una finca invadida en el norte del Cauca se presentó un ataque de los invasores, quienes agredieron a las familias de dos trabajadores y donde, precisamente, en una de ellas se encontraba una menor de edad que padece una enfermedad de alto riesgo.

También, apuntó que secuestraron por unas horas a un trabajador. A su vez, que a ambas familias les destrozaron sus viviendas y todos sus enseres. A la par, les incendiaron un bosque que hace parte de una reserva natural de la sociedad civil, que precisamente se encuentra dentro de la finca.

Calero insistió en que estos sucesos no se pueden naturalizar y por eso agradeció a la justicia, a las autoridades administrativas, policiales, que adelantaron estas acciones dentro de la ley para restituir estos derechos.

“Reiteramos, hacemos un llamado sentido al Gobierno nacional para que dé soluciones urgentes, definitivas, de manera que no se vulneren los derechos fundamentales de todos los que habitamos esta región. Resulta evidente que aquí no hay garantías”, finalizó la presidenta de Asocaña.

Entretanto, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Bedoya, se mostró muy preocupado por la situación y afirmó que es “muy berraco trabajar así”.

Además, que el Estado debe garantizar la protección de trabajadores rurales, productores y sus familias, por lo que la justicia debe ser contundente contra quienes vulneran la propiedad privada, el derecho al trabajo y atentan contra la seguridad alimentaria.