Defensoría del Pueblo pide convocar un subcomité de Justicia Transicional ante la grave situación de desplazamiento en el sur de Bolívar

Son cerca de 120 familias que han tenido que huir de sus hogares ante el enfrentamiento de grupos armados ilegales en la zona

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Imagen de archivo de desplazamiento forzado en Colombia. Foto: Colprensa
Imagen de archivo de desplazamiento forzado en Colombia. Foto: Colprensa

Una grave crisis humanitaria está desencadenándose en el sur del departamento de Bolívar, abarcando tanto las zonas rurales como los centros urbanos de los municipios de Cantagallo, San Pablo, Simití, Morales, Arenal, y Santa Rosa del Sur.

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta urgente tras el desplazamiento de más de 120 familias, en medio de intensos enfrentamientos que involucran al ELN, Estado Mayor Central (disidencias de las Farc), y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC - Clan del Golfo).

Por lo anterior, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, instó a las autoridades locales y nacionales a tomar medidas inmediatas para abordar esta situación crítica.

“Hemos solicitado a la Gobernación de Bolívar que organice una sesión urgente del Subcomité de Justicia Transicional en Santa Rosa del Sur para abordar la difícil situación que vulnera los derechos humanos y aplicar las medidas necesarias para ayudar a las personas afectadas”, declaró.

No obstante, los desplazamientos no son la única preocupación. Varias familias han quedado confinadas, buscando refugio de los ataques. La Defensoría del Pueblo informa que habitantes de dos veredas en Santa Rosa del Sur están confinados, temiendo quedar atrapados en los enfrentamientos entre los tres grupos al margen de la ley.

El Defensor del Pueblo también ha instado a las autoridades locales y nacionales a prestar atención a la Alerta Temprana 034 del 2023, que contiene una serie de recomendaciones para esta área del departamento de Bolívar.

Enfrentamientos generaron el desplazamiento de 20 familias en Antioquia

Las operaciones de los grupos armados en el norte de Antioquia se han incrementado con el paso de los meses. Las estructuras criminales, caracterizadas por atentar contra la población civil, han protagonizado múltiples enfrentamientos entre sí, lo que ha acrecentado el temor y el riesgo de los habitantes de la zona de quedar inmersos entre el fuego cruzado.

En uno de los más recientes casos, las autoridades confirmaron que alrededor de 20 familias tuvieron que abandonar sus viviendas en zona rural de Briceño (Antioquia). Los hechos habrían sido ocasionados por los combates que estarían librando miembros del Clan del Golfo y de las disidencias de las Farc en esta región del país.

Los enfrentamientos se estarían registrando en la vereda La Cristalina —zona rural de Briceño— además de en zonas limítrofes con los municipios de Ituango y Valdivia. El Ejército Nacional habría adelantado múltiples operativos en la zona, con el fin de interceptar a los criminales que han sembrado el terror; sin embargo, la presencia de los uniformados desató zozobra entre los pobladores.

Según indicó Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos de la fundación Sumapaz, la situación habría llegado a un punto tal que gran parte de los afectados habrían tenido que migrar hacia el corregimiento de Puerto Valdivia, en zona rural de Valdivia (Antioquia). Allí, las víctimas estarían recibiendo la atención necesaria por parte de organismos de socorro designados por las autoridades locales y gubernamentales.

No obstante, el defensor de derechos humanos culpó a la “ausencia del Estado colombiano” de haber generado la consolidación de los grupos armados en Briceño (Antioquia). De hecho, Zapata denunció que integrantes de las disidencias de las Farc patrullan por la zona diariamente.

“En Briceño lo que está pasando es una ausencia del Estado, no solamente del actual gobierno, sino del anterior que permitió la consolidación de grupos armados en la zona. En Briceño hay una fuerte presencia de grupos de disidencias que andan patrullando y ejerciendo control social”, indicó el defensor de derechos humanos de la fundación Sumapaz.
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