La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a declarar al ex jefe negociador del Estado colombiano en el proceso de paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) Sergio Jaramillo, al igual que otros exfuncionaros del Gobierno nacional, en el macrocaso de las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos.
La Sala de Reconocimiento del tribunal transicional requirió a Jaramillo en calidad de testigo, para que entregue su versión sobre lo que serían los crímenes de jóvenes en diferentes partes del territorio nacional, como Soacha y Bogotá, además de departamentos como Antioquia, Norte de Santander y Casanare, entre otros.
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Lo anterior, debido a que se desempeñó como viceministro de Asuntos Políticos entre 2006 y 2008, cuando el ministro de Defensa era el expresidente de la República Juan Manuel Santos. En otras palabras, era uno de los funcionarios de confianza del titular de la cartera, que posteriormente asumió la jefatura de Estado, entre 2010 y 2018.
La diligencia, en la que se le tomará declaración juramentada, se efectuará el lunes 22 y martes 23 de enero de 2024, cuando Jaramillo —que recientemente estuvo en territorio europeo, en la iniciativa Aguante Ucrania, junto al escritor Héctor Abad Faciolince— deba presentarse en las instalaciones de la jurisdicción especial.
Allí, el exfuncionario de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Santos tendrá que explicar cómo se recepcionaron las denuncias acerca de crímenes extrajudiciales contra la población civil, por parte de efectivos del Ejército Nacional, en lo que habría sido la política de estímulos a cambio de resultados operacionales.
“Se ha identificado la necesidad de esclarecer la manera como se tramitaron al interior del Gobierno nacional las denuncias por violaciones a los derechos humanos presentados contra integrantes de la fuerza pública entre los años 2005 y 2008″, señaló la JEP.
En particular, añadió, con aquellas relacionadas con asesinatos y desapariciones forzadas, las cuales fueron presentadas como bajas en combate. Y por las que altos mandos de la fuerza pública han empezado a pedir perdón a la sociedad colombiana, como ocurrió en Yopal (Casanare), cuando 21 exintegrantes del Ejército dieron su testimonio.
Los demás comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz
Ante la JEP también tendrán que comparecer Andrés Mauricio Peñate, que fue viceministro de Defensa hasta 2006, aparte de Christian Salazar Volkmann, que por ese entonces era representante del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos en Colombia.
Su citación se debe a que el miembro de la ONU hizo publicaciones en revistas académicas en las que mencionó presuntas violaciones a los derechos humanos en el país, al parecer cometidas por miembros de las FF. MM. Al igual que “el rol de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia en la reducción de los asesinatos y las desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate”.
En la lista aparecen otros exfuncionarios como la exprocuradora ante la JEP, Mónica Cifuentes, las exasesoras del Ministerio de Defensa Eduth Claudia Hernández Aguilar y Elena Ambrosi Turbay, el exdirector del programa presidencial para los derechos humanosCarlos Franco Echavarría y el general (r) del Ejército Juan Carlos Gómez Ramírez.
“Las ocho personas fueron convocadas a declarar como testigos y tienen la obligación de atender los llamados de la Jurisdicción y responder a los interrogantes de manera comprometida con el deber de responder con la verdad, sin perjuicio de las garantías procesales consagradas en la ley”, precisó la Sala de Reconocimiento del alto tribunal.
En el caso de estas diligencias judiciales, las mismas iniciarán entre el 20 de noviembre y se extenderán hasta el 23 de enero de 2024, siendo la primera en presentarse ante el tribunal Hernández Aguilar, y el último Salazar Volkmann, pues ya fueron definidas las fechas en que cada uno de los comparecientes deberán acudir.
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