Para enfrentar las pretensiones y demandas contra el Estado, que suman más de 490 billones de pesos, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha decidido preparar una norma que permita enfrentar satisfactoriamente dichas reclamaciones, o incluso prevenirlas. Se llamaría Sistema Nacional de Defensa.
En el documento, conocido en exclusiva por Blu Radio, se establece que: “Se creó el Sistema de Defensa Jurídica del Estado -SDJE- como un conjunto de actores, políticas, estrategias, principios, normas, rutas de articulación e instrumentos jurídicos, técnicos, financieros y gerenciales orientados a garantizar de manera coordinada la eficacia de la política pública del ciclo de defensa jurídica del Estado, en las entidades públicas del orden nacional y territorial, independientemente de su naturaleza y régimen jurídico”.
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Según el reciente informe de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, reseñado por Blu Radio, actualmente el Estado está involucrado en un total de 813 casos judiciales. Estos casos tienen pretensiones económicas aproximadas por un valor de $491 billones, lo que constituye el 93% de todas las demandas en curso.
En el borrador de la norma se destacan las acciones que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica ha logrado; generando ahorros importantes para la nación, sin embargo, advierte que: “Persisten inconvenientes de coordinación interinstitucional en la materia, lo que determina la necesidad de agilizar acciones para fortalecer los resultados requeridos en todo el Estado y así disminuir los pagos consecuencia de fallos desfavorables, ello en razón a que existen vacíos normativos que incentivan el litigio en contra el Estado”.
El documento agrega que el ‘interés litigioso de la nación’ no se limita exclusivamente a las entidades públicas a nivel nacional, ya que en ciertos casos, la responsabilidad de defender este interés puede recaer en las entidades territoriales o en organismos que formen parte del sector central del Estado.
De acuerdo con la norma preparada por el Ministerio de Justicia y Derecho, entre dichas instituciones se encuentran: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Andje; Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Departamento Administrativo de la Función Pública, Dafp, entre otras.
Adicionalmente, según el artículo 206 de la Ley 2294 de 2023, expedido en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 a 2026, se estableció que el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, SDJE, tiene como propósito principal fortalecer la defensa legal del Estado, además de “promover estándares y condiciones para el ejercicio de la función de la defensa jurídica del Estado, propiciar la generación y circulación de buenas prácticas y administrar los recursos que permiten hacer una gestión eficiente del ciclo de defensa jurídica, promoviendo la disminución del impacto fiscal derivado de la litigiosidad”.
“Es fundamental contar con profesionales del derecho idóneos y comprometidos con la defensa de lo público, en ese sentido se incorporan disposiciones relativas a la selección y acreditación de los defensores del Estado, al manual de funciones y herramientas para evaluar y mejorar la calidad de los productos y resultados”, indica el documento.
En ese contexto, para los profesionales se definen estructuras de coordinación y se anuncia la formación de un equipo técnico encargado de examinar detalladamente cada uno de los casos. También asegura que la Agencia de Defensa Jurídica elaborará un sistema de acreditación para los abogados que representen al Estado, así como un manual que delineará sus funciones específicas.
En el documento se manifiesta que, con esta norma, la defensa legal se establecerá como una política de Estado, con el objetivo de reducir el impacto económico de las disputas legales de las entidades. Dicho enfoque, según el documento divulgado por Blu Radio, se basará en un modelo de gestión orientado hacia la obtención de resultados, respaldado por la gestión del conocimiento y la incorporación de tecnología digital. Además, establece que se promoverá una cultura de prevención de daños legales, resolución de conflictos y una gestión eficaz de los litigios.