Por medio de un comunicado, la Corporación Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo y la Región de Los Dos Ríos informaron una emergencia humanitaria que se está presentando en el municipio de Morales, ubicado al sur del departamento de Bolívar. Según la denuncia, a las 5:00 p. m. del 9 de octubre de 2023 un grupo paramilitar hizo presencia en el corregimiento Mina Gallo.
La estructura armada fue identificada como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), y debido a su llegada, los habitantes de Mina Gallo y Mina Café han tenido que desplazarse de manera forzada hacia la vereda Mina Viejito. La Corporación señaló que personas que ejercen liderazgos, familias, defensores y defensoras de derechos humanos y la comunidad en general están en riesgo.
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“La incursión armada de este grupo paramilitar desencadena en enfrentamientos con la insurgencia que históricamente hace presencia en la zona, el Ejército de Liberación Nacional (ELN)”, se lee en la denuncia.
Adicionalmente, se explica que el Ejército Nacional está ubicado a “pocos kilómetros del filo de Mina Gallo y Mina Café”, pero que hasta el momento no se han evidenciado acciones por parte de los uniformados para hacer frente a esta grave situación humanitaria. Se asegura que se sigue presentando la avanzada de las AGC en los territorios.
En ese sentido, las comunidades han difundido videos en los que se evidencia el desplazamiento forzado y hacen un llamado urgente al Gobierno nacional para que tome medidas que garanticen de manera efectiva su protección y ubicación en los territorios.
“La región del sur de Bolívar vive y se encuentra sufriendo la crisis humanitaria que ha desatado la reconfiguración y avanzada del grupo paramilitar AGC, que tienen como objetivo estratégico esta región por su ubicación geográfica y las grandes riquezas”, se lee en el comunicado.
Las exigencias de las víctimas
Dentro de las peticiones que figuran en el comunicado se hace mención a la Alcaldía de Morales y a la Gobernación de Bolívar, a la Personería Municipal y a la Procuraduría Regional de Bolívar, para que tomen acciones prontas que impulsen al cese de hostilidades, las cuales implican violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
También se pide a la Defensoría del Pueblo que actúe como garante de los derechos humanos en los territorios afectados y al Ejército Nacional que respete la vida y brinde seguridad a la población civil que vive en las veredas. Se solicita a los uniformados que adelanten acciones efectivas referentes a la incursión armada de las AGC y que acompañen a las comunidades que fueron violentadas. En todo caso, se asegura que de presentarse hechos de violencia adicionales en el sur del departamento, harán responsables al Ejército Nacional y a la fuerza de tareas de la región.
“Exigimos reacción inmediata por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro, ‘El Gobierno de la Vida’ a fin de que se adopten por parte del Estado colombiano las medidas pertinentes para garantizar la vida, integridad física, y garantizar el derecho a permanecer en el territorio de estas comunidades vulnerables”, añade la Corporación.
La Corporación también aseguró que tanto el Gobierno nacional como la Alcaldía de Morales, la Procuraduría Regional, la Gobernación, la Personería, la Defensoría y la Fiscalía General de la Nación serán catalogadas como responsables de las posibles consecuencias se puedan surgir luego de esta denuncia, si no se toman medidas al respecto.
“Exigimos garantías y protección a las comunidades mencionadas anteriormente ante posibles represalias que puedan ocurrir por las denuncias realizadas por la violación a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario que persisten en esta región del país. Hacemos un llamado a la comunidad internacional y organismos de derechos humanos a verificar y visibilizar los hechos denunciados por las comunidades”, sostuvo la Corporación.