Contraloría lanzó duras advertencias sobre los avances en la implementación del Acuerdo Final de Paz

La Contraloría General de la República alertó por la poca eficacia en la inversión de los recursos públicos destinados a la implementación de los Acuerdos de Paz.

De acuerdo con el ente de control fiscal, pese a que se destinaron $77,45 billones en seis años que lleva el acuerdo, no se han logrado cambios estructurales en las zonas rurales del país, ni siquiera en los municipios priorizados con los PDET.

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A esta conclusión llegó la Contraloría en el séptimo informe presentado al Congreso de la República sobre los recursos del posconflicto, donde se indica también que la Reforma Rural Integral no ha conseguido un punto de inflexión para el cierre de brechas entre el campo y la ciudad, y la erradicación de la pobreza extrema, cuyos niveles según el DANE son mayores a los de 2017 en centros poblados y zona rural dispersa.

Sobre este punto, la Contraloría explicó que los $44,9 billones ejecutados en la Reforma Rural Integral no han logrado las transformaciones requeridas, ni siquiera en los municipios priorizados, debido a la deficiente formulación de proyectos y falta de coordinación de acciones entre las entidades responsables.

La Contraloría también advirtió que la participación ciudadana, como eje fundamental del Acuerdo Final de Paz, “es precaria o casi inexistente en algunos instrumentos de este, como en los PNSR a cargo de las entidades nacionales”.

Según la Contraloría, luego de transcurrido el primer año del actual Gobierno, no se ha evidenciado la puesta en marcha de los ajustes de fondo que la implementación requiere.

La Contraloría General de la República advirtió que se requiere realizar un mayor esfuerzo presupuestal en los próximos años, priorizar recursos para cubrir los compromisos rezagados y propender por una mayor calidad del gasto para lograr efectividad en los resultados de las intervenciones previstas en el Acuerdo de Paz.

• Reforma Rural Integral: la Contraloría encontró que, tras seis años de implementación del Acuerdo de Paz, “tres millones de hectáreas entregadas a través del Fondo de Tierras presenta un mínimo avance con 19.655 entregadas, el 0,65% de la meta a 15 años, pese a que el Fondo de Tierras dispone de más de 1′300.000 hectáreas”.
• Participación política: la entidad reitera el retraso en la conformación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, que afecta el cumplimiento de las metas de seguridad propuestas en el Acuerdo de Paz, y el incumplimiento de la disminución del asesinato de líderes sociales en el marco del SISEP y de las violaciones de derechos humanos en el marco de manifestaciones públicas.
• Fin del conflicto: a 2022, se evidencia retraso en la puesta en marcha del Sistema Nacional de Reincorporación, lo que genera dispersión de las acciones institucionales. En materia de reincorporación, se identificaron 802 proyectos productivos cerrados o inactivos, de estos 781 son individuales y representan un riesgo sobre la efectividad de los recursos dispuestos por $14.000 millones.
• Solución al problema de las drogas ilícitas: de acuerdo con la Contraloría, para el 2022 se estimaba una inversión de $1,2 billones, sin embargo, la asignación presupuestal alcanzó solo el 27% con $319.617 millones; por lo que esta programación de recursos no cubre las necesidades de este programa.
• Acuerdo para las víctimas: se evidencia la falta de actualización del PMI en los indicadores del pilar de justicia y verdad, y la inexistencia de indicadores para realizar seguimiento en el Pilar de reparación integral en las estrategias de restitución de tierras y garantías de no repetición.
• Implementación, verificación y refrendación: en 2022, la ejecución se redujo significativamente a $82.940 millones, una disminución del 59% en comparación con los $203.331 millones de 2021. Además, persiste la falta de articulación directa entre los proyectos de Cooperación Internacional y los instrumentos de implementación del Acuerdo Final de Paz, y continúan las deficiencias en el reporte de información por parte de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC), lo que dificulta el conocimiento de los resultados y productos generados por estas intervenciones.