Hospitales y clínicas alertan por grave crisis en el sistema de salud por billonarias deudas

En carta enviada al Ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Jaramillo, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (Achc), gremio de las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y privadas, dio a conocer la preocupación que tiene por las dificultades en el flujo de recursos, el incremento de la cartera, la alta morosidad y el impacto que generan los procesos de liquidación de las entidades promotoras de salud (EPS), entre otras situaciones que afectan el cumplimiento de las obligaciones de los institutos prestadores de salud (IPS).

De acuerdo con esta, se planteó al ministro de Salud la necesidad de que las liquidaciones de las EPS que se adelantan en la actualidad y las que pudieran venir se acompañen de medidas que protejan a la red hospitalaria. Para ello, esperan que se concrete la creación del fondo de garantías impulsado por el gremio, que entraría a contrarrestar los efectos de las liquidaciones entre los prestadores de servicios de salud.

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Los hospitales y clínicas agremiados en la Achc le entregaron al ministro Jaramillo un informe de las deudas con el sector prestador. El monto de la cartera lejos de mejorar se incrementa y el porcentaje de vencimiento se mantiene en porcentajes altos. Según el estudio de cartera con corte a junio de 2023, para 207 instituciones muestra un incremento de 14,7%, frente al corte a diciembre de 2022. Una cifra absoluta creciente de más de $16 billones frente a los $14 billones a diciembre de 2022.

“La morosidad no se comporta mejor. En la concentración de cartera de 60 días y más a junio de 2023, el Estado tiene 65,6%, las EPS del régimen subsidiado 60,8 %, las EPS del régimen contributivo con 51,9%, para un total promedio en el estudio de 52,3%”, indicó el gremio.

Este manifestó que la anterior situación se agrava con comportamientos cada vez más frecuentes como las demoras en las autorizaciones de las EPS, disminución en los giros acordados, demora o nula conciliación y depuración de la cartera, exigencias de preauditoria, pre autorizaciones, trámites administrativos que impiden la radicación de las facturas y falta de legalización de anticipos girados por estas entidades.

Ante la situación, la Achc hizo varias propuestas:

• La urgente y plena aplicación del giro directo universal. Que se incluya a todas las EPS con algún tipo de medida o intervención de la Superintendencia Nacional de Salud y se hagan los giros en los porcentajes suficientes para irrigar recursos hacia las IPS. En el régimen subsidiado los giros vienen alejándose del porcentaje mínimo establecido de 80% y en el contributivo se desploman montos y número de IPS. En 2018 fueron $358.000 millones al mes entre 1.446 IPS y para 2023 bajó a $22.000 millones para 300 IPS; menos del 1% del total de la unidad de pago por capitación (UPC) neta.
• Desinvertir las reservas técnicas de las EPS que, según la Supersalud en sus estados financieros a junio de 2023, tienen un monto cercano a los $8 billones y las respaldan inversiones por $5,3 billones aproximados. Estos recursos inyectarían liquidez a la red hospitalaria.

• Ampliar el cupo de redescuento con tasa compensada de créditos autorizada a la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) bajo la línea “Compromiso salud liquidez”, con lo cual se podría irrigar recursos de capital de trabajo o sustituir deudas a las IPS. Solicitud a la banca pública, asumir el liderazgo y promover mejores condiciones de acceso en esta línea.
• Asignación de recursos para la compra de cartera a las IPS y que se exploren mecanismos adicionales para el pago de las obligaciones que adquieran las EPS.
• Revisión y optimización de los tiempos para el cobro de las atenciones con Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito (Soat). Actualmente, el certificado de agotamiento de cobertura que deben emitir las aseguradoras demora meses, se formulan glosas a las facturas y para aclararlas conceden citas que van hasta febrero y marzo del 2024 y hasta que no aclaren las cuentas, no expiden dicho certificado, sin el cual no es posible radicar en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). Ese requisito debe ser modificado.
• Que la destinación de 0,5 puntos del IVA social al sistema de salud, autorizado en una pasada reforma tributaria, pueda orientar su uso de forma específica a la liquidez del sistema prestador de servicios de salud.

El gremio finalizó al anotar que considera que adoptar las medidas propuestas, integradas en un plan simultáneo e inmediato de liquidez, puede ayudar al sistema prestador a continuar garantizando la asistencia completa, oportuna y adecuada a todos los afiliados al sistema.

A continuación la carta enviada por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (Achc) al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo: