Qué sigue en el caso Álvaro Uribe: la Fiscalía tendrá 90 días para definir si insiste en preclusión o presenta escrito de acusación

El Tribunal Superior de Bogotá negó una nueva solicitud de la Fiscalía General de la Nación de precluir el expediente en contra de Álvaro Uribe por presunto fraude procesal y soborno a testigos.

De acuerdo con los magistrados del caso, al ente acusador le faltaron actividades investigativas concluyentes, por lo que todavía hay vacíos e incertidumbres en varios puntos que deben ser aclarados para determinar si hay o no responsabilidad penal del expresidente. “Existen vacíos probatorios que hacen que el tribunal no pueda llegar al nivel de conocimiento exigido para revocar la decisión de primera instancia”, dijo el magistrado Carlos Andrés Guzmán, que leyó la decisión.

Ahora, el tribunal le deberá entregar a las partes el lunes 9 de octubre el documento en el cual explica la valoración que hizo de las pruebas entregadas. A partir de ese momento, según indicó el diario El Tiempo, la fiscalía tendrá 90 días ―hasta el 9 de enero― para anunciar si insiste por cuarta vez en precluir el caso contra Uribe o si finalmente presenta escrito de acusación. También deberá asignar un nuevo fiscal al caso, después de Gabriel Jaimes y Javier Cárdenas.

Ese plazo coincide con el cambio de fiscal general de la Nación. A partir de inicios de febrero, Francisco Barbosa dejará de estar al frente de la entidad y la Corte Suprema de Justicia deberá escoger a su reemplazo entre tres candidatas presentadas por el presidente Gustavo Petro: Luz Adriana Camargo Garzón, Ángela María Buitrago y Amelia Pérez Parra.

En 2020, el expresidente Uribe renunció a su curul en el Senado solo para evitar ser juzgado por la Corte Suprema y que su expediente pasara a la Fiscalía, que ha hecho varios esfuerzos infructuosos para que el expediente se archive.

El primer intento de la Fiscalía por precluir el caso fue en marzo de 2021, pero en abril de 2022 la Juez 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz Rassa, negó la solicitud. Luego, el 23 de mayo pasado, la Juez 41 Penal del Circuito de Bogotá, Laura Estella Barrera, volvió a negar un nuevo intento de la entidad por archivar el caso.

La Fiscalía sigue teniendo la potestad para pedir nuevamente la preclusión y evitar así que el caso avance. De hecho, los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá señalaron en su decisión que no le pueden ordenar a la entidad presentar escrito de acusación, como lo había solicitado el exfiscal Eduardo Montealegre, víctima dentro del caso: “Se trataría de una inaceptable intromisión en los roles que cada parte asume en el sistema penal colombiano”.

Álvaro Uribe se convirtió el martes 4 de agosto de 2020 en el primer expresidente de Colombia en tener que cumplir con una pena de prisión domiciliaria preventiva por las acusaciones en su contra de fraude procesal y soborno a testigos. Él se declaró inocente y aseguró que todo se trataba de una persecución política.

Todo empezó cuando el senador Iván Cepeda (hoy víctima del caso) inició un debate de control político en contra del expresidente y su hermano, Santiago, por supuestamente haber tenido un papel activo en la creación del Bloque Metro, un frente de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar.

Como respuesta, Uribe acusó a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia de buscar a antiguos paramilitares para que dieran falsos testimonios en su contra.

Así que el tribunal investigó por varios años y en 2018 no solo decidió desechar las acusaciones en contra del hoy senador del Pacto Histórico, sino que abrió la investigación formal en contra del expresidente que hoy continúa. Ese fue el momento en el que el expresidente decidió renunciar a su curul en el senado.

En el centro de este proceso está el abogado Diego Cadena, que hacía parte del equipo de defensa de Uribe. Supuestamente, según dijeron varios testigos, entre ellos Juan Guillermo Monsalve ― presunto antiguo miembro del Bloque Metro de las AUC―, Cadena ofreció pagos para que cambiaran los testimonios que involucraban a su cliente en delitos.

El exabogado de Uribe reconoció haber entregado dinero a varios de esos testigos en forma de “ayuda humanitaria” y actualmente enfrenta un juicio por esos hechos. Entre tanto, Jaime Granados, abogado defensor de Uribe, sostiene que su representado no tenía conocimiento sobre esas actuaciones de Diego Cadena.