Investigan presunto contrato irregular del Ejército Nacional y el Instituto de Casas Fiscales

La construcción de 36 unidades residenciales, al parecer, está suspendida y las obras habrían quedado abandonadas

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El Instituto de Casas Fiscales está encargado de suministrar viviendas a oficiales, suboficiales y civiles del Ejército por medio de arrendamientos - crédito Ejército Nacional/X
El Instituto de Casas Fiscales está encargado de suministrar viviendas a oficiales, suboficiales y civiles del Ejército por medio de arrendamientos - crédito Ejército Nacional/X

La Procuraduría General de la Nación (PGN) abrió indagación previa a funcionarios del Instituto de Casas Fiscales del Ejército Nacional (Icef) por la posible pérdida de recursos invertidos en la construcción de unidades residenciales en diferentes zonas del país. De acuerdo con el organismo de control, el Ejército Nacional firmó dos contratos con el Instituto de Casas Fiscales de la misma entidad para adelantar las obras, que, al parecer, fueron suspendidas.

Los proyectos contemplaban la construcción de 36 casas fiscales en Nilo (Cundinamarca) y Buenavista (Guajira). Estas debían estar listas, a más tardar, el noveno mes siguiente a la firma del acta de inicio del contrato. Sin embargo, esa cláusula no se cumplió, de acuerdo con la PGN.

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El Icef se encarga suministrar viviendas a oficiales suboficiales y civiles del Ejército Nacional, a través de sistemas de arrendamiento. Para ello, según se indica en Instituto en su sitio web oficial, se requiere del “desarrollo de planes, programas y proyectos de inversión”, que contribuyan al bienestar del personal.

Ahora bien, el organismo de control explicó que las casas fiscales fueron suspendidas en agosto y que los negocios jurídicos ya se vencieron. Además, en 2019 y 2021 se hicieron anticipos por más de $2.000.000, cuyo objetivo no es claro. Según conoció W Radio, los contratos en cuestión son el 191 y el 194, para los cuales se hicieron anticipos por $1.796.000 y $879.000, respectivamente.

En consecuencia, se iniciaron procesos sancionatorios y se cobraron multas, teniendo en cuenta que hubo incumplimientos parciales de los dos contratos identificados luego de monitoreos técnicos, económicos y administrativos que se adelantaron.

Así lo confirmó el Ministerio de Defensa a la emisora, explicando que, en efecto, las multas fueron impuestas de la siguiente manera: la primera, por $164.848.655, y la segunda, por $32.865.000. Debido a esto, sostuvo que se tiene planeado hacer un nuevo proceso de contratación para seleccionar un nuevo contratista que se encargue de retomar los proyectos y terminarlos. Esta diligencia se está llevando a cabo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Mientras tanto, la Procuraduría buscará identificar cuáles funcionarios del Icef estarían involucrados en las presuntas irregularidades y establecer si hubo faltas disciplinarias por las que se pueda incurrir en sanciones o si, por el contrario, actuaron “al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”.

Un documento al que tuvo acceso W Radio, el cual fue allegado a la PGN, advirtió al ente de control sobre el riesgo de pérdida de recursos invertidos en estas obras. En la comunicación se expone que el proyecto de El Nilo está complemente abandonado. Esta obra en cuestión corresponde al contrato 194 (Seccional Tolemaida) y fue objeto de una auditoría llevada a cabo por la Oficina de Control Interno en julio, que emitió un informe sobre los hallazgos.

Está rodeada de maleza, las varillas que no han sido cubiertas con concreto se notan oxidadas. El director de la Escuela de Soldados Profesionales manifiesta a la comisión auditora su inconformidad por las incomodidades que causan los constantes reclamos de los obreros y proveedores del contratista, a quienes este debe dineros, pues la construcción está dentro de sus instalaciones”, se lee en el documento conocido por el medio.

Por otro lado, de acuerdo con la emisora, de las 36 casas fiscales abandonadas, 12 corresponden al municipio de Buenavista. Además de eso, se indica que el retraso y abandono de las obras ha implicado un deterioro en la imagen de la Escuela de Soldados y del mismo Ejército Nacional. En total, se habla de un riesgo inminente de pérdida de $4.300.000, según la comunicación allegada a la Procuraduría.

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