La Contraloría General de la República abrió nuevos procesos de responsabilidad e indagaciones preliminares por cerca de $1 billón, por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos de contratos celebrados por Imprectis y Emcali.
La Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción identificó una gran cantidad de contratos sobre los cuales señaló, se amerita abrir la respectiva investigación.
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Como consecuencia de lo anterior, se dio apertura a seis indagaciones preliminares relacionadas con 126 contratos, por un valor de $4.928 millones, relacionados con obra pública, Plan de Alimentación Escolar (PAE), interventoría de obra pública, consultoría, alcantarillado y saneamiento básico, bienestar social, desarrollo económico, entre otros.
Además, el órgano de control fiscal tramitó otras 10 indagaciones preliminares respecto de 130 contratos, de las cuales, abrió proceso de responsabilidad fiscal respecto de 21 contratos, en cuantía de $58.000 millones, en los cuales se encuentran vinculados funcionarios de diferentes dependencias de la Alcaldía de Cali, contratistas, supervisores e interventores y terceros civilmente responsables.
Procesos sobre Imprectis
Por denuncias presentadas por ciudadanos, se declaró de impacto nacional el caso relacionado con presuntos daños de responsabilidad fiscal en la Empresa Industrial Comercial del Estado (Imprectis), por irregularidades que pudieron haberse dado en la posible intermediación necesaria y la ejecución de varios contratos celebrados con 34 entidades territoriales, del orden departamental, municipal y Nacional, generando 10 actuaciones, de las cuales, se han abierto dos procesos y tres indagaciones preliminares, donde se investigan 904 contratos que suman cerca de $130.000 millones.
Procesos sobre Emcali
Respecto a las Empresas Municipales de Cali (Emcali), luego de las denuncias presentadas en varios medios de comunicación y de la solicitud de intervención funcional oficiosa realizada por el Senado de la República, se procedió a declarar de impacto nacional los resultados de las actuaciones especiales de fiscalización, adelantadas por a la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico y por la Unidad de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República, así como, las investigaciones tramitadas por la Contraloría General de Cali.
Así, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción decidió adelantar 36 actuaciones, de las cuales se han abierto 15 indagaciones preliminares por cuantías estimadas de $503.470 millones y 7 procesos de responsabilidad fiscal por valor de $95.522 millones.
Así mismo, se estudian 20 hallazgos con incidencia fiscal por cuantías estimadas en $139.314 millones, para un total de $738.307 millones en presuntos daños fiscales.
Estas indagaciones e investigaciones se adelantan, entre otros motivos, por deficiencias en la ejecución y supervisión de contratos de obras, por pagos no permitidos, pero autorizados por la supervisión en los contratos, por pagos de obras que no cumplieron su finalidad, por falencias en diseños de estructuras para acueducto y alcantarillado, por sobrecostos en contratos de diseño, construcción y puesta en marcha de equipos de energía.
Por estos hechos, se están indagando e investigando las conductas y eventual responsabilidad fiscal de funcionarios de Emcali, contratistas, supervisores e interventores de los contratos.
En el transcurso de las investigaciones se han decretado medidas cautelares en algunos procesos, embargando y secuestrando bienes y dineros de presuntos responsables fiscales.
Cabe recordar que hace tan solo dos días, el 3 de octubre de 2023, la Contraloría había anunciado la apertura de seis procesos que son materia de investigación, y que corresponden a contratos de adecuación de escenarios deportivos y recreativos de la ciudad, rehabilitación de algunas vías en las comunas 1 y 20 de Cali. Así mismo, sobre acuerdos contractuales relacionados con el servicio de acueducto y alcantarillado de la ciudad.
El órgano de control informó que se encuentra tramitando la notificación personal a cada uno de los implicados en cada uno de los contratos que tiene bajo investigación.