Condenan a Daniela Ospina Loaiza, novia de Mario Castaño, por administrar dineros ilícitos y gestionar el pago de coimas

La sentenciada integró la red criminal que dirigió el exsenador, mediante la cual se direccionaron varios contratos a diferentes entidades nacionales y territoriales

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Daniela Ospina Loaiza obtuvo un incremento patrimonial de 60
millones de pesos por el direccionamiento de contratos que coordinó el exsenador Mario Castaño - crédito Fiscalía General de la Nación y Colprensa
Daniela Ospina Loaiza obtuvo un incremento patrimonial de 60 millones de pesos por el direccionamiento de contratos que coordinó el exsenador Mario Castaño - crédito Fiscalía General de la Nación y Colprensa

La pareja del exsenador Mario Castaño Pérez, hoy condenado por corrupción, Daniela Ospina Loaiza, fue hallada culpable por participar en el entramado ilegal por el cual Castaño fue a parar a la cárcel. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación (FGN), Loaiza habría fungido como intermediaria del excongresista en el direccionamiento irregular de contratos de entidades nacionales y territoriales.

Con la comprobación de sus acciones criminales, un juez penal del circuito especializado de Bogotá sentenció a la procesada a cinco años de prisión, que tendrá que empezar a pagar de manera inmediata. Además, el juez en cuestión ordenó también el pago de una multa de 1.528 salarios mínimos legales mensuales vigentes para 2022.

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El ente acusador pudo demostrar que Loaiza fue administradora de recursos que fueron obtenidos de manera ilegal en los contratos irregulares. Asimismo, se encargó de gestionar el pago de coimas a los integrantes de la red criminal que participó en el entramado de Castaño y sus cuentas bancarias fueron utilizadas para recibir dineros ilegales.

Estos actos fuera de la ley corresponden a los siguientes delitos tipificados en el Código Penal: concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación. Loaiza aceptó los cargos “de manera libre, voluntaria y debidamente asesorada por su abogado”, según detalló la FGN en un comunicado.

El Código Penal Colombiano establece que el delito de concierto para delinquir es cometido cuando varias personas se ponen de acuerdo para cometer actos criminales. Por su parte, indica que el delito de peculado por apropiación ocurre cuando un servidor público se apropia de manera ilegal de bienes que son del Estado o de empresas de las que haga parte, de bienes o fondos parafiscales, o de bienes que le hayan sido confiados por la función que tiene como servidor público.

En el caso de Loaiza, la hoy condenada incrementó su patrimonio de manera ilegal en 60 millones de pesos. Además, suscribió un contrato de prestación de servicios por el cual recibió otros 20 millones de pesos, por un trabajo que en realidad no hizo en el Congreso de la República. La novia de Castaño tuvo que hacer un reintegro de $80.950.000 por estas actividades ilícitas, luego de que se generara un preacuerdo para dicho pago.

De acuerdo con Vorágine, Loaiza y Juan Carlos Martínez Rodríguez, que se encuentra prófugo de la justicia y sería la mano derecha del exsenador Castaño, fueron contratados para hacer seguimiento a senadores entre el 26 de febrero y el 31 de mayo de 2021, en medio de la pandemia por covid-19. Al tratarse de contratos por prestación de servicios, debían presentar informes en los que dieran cuenta de su gestión para poder recibir sus honorarios. Sin embargo, según determinó la Corte Suprema de Justicia, estos documentos fueron falsificados.

¿Qué pasó con Mario Castaño?

Mario Castaño fue condenado a más de 15 años de prisión por direccionar contratos - crédito Fiscalía General de la Nación
Mario Castaño fue condenado a más de 15 años de prisión por direccionar contratos - crédito Fiscalía General de la Nación

En junio de 2023, el excongresista Castaño fue condenado a más de 15 años de prisión por la comisión de 19 delitos. El fallo fue proferido por la Corte Suprema de Justicia, que ordenó lo siguiente: “imponer a Mario Alberto Castaño Pérez las penas de prisión de 191 meses e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término, multa de 11.968,54 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos, más de 1.060.000.000 de acuerdo con lo consignado en la parte considerativa de la sentencia”.

Luego de que fuera sentenciado, el Partido Liberal lo expulsó de la colectividad. Indicó en un comunicado que cuando fungía como parlamentario afectó la “ética y la moral administrativa” del partido político. “El Consejo de Control Ético lamenta que estos comportamientos se presenten en la actividad política nacional que desdibuja la confianza ciudadana en las personas que ostentan la representación en los cuerpos colegiados”, indicó entonces el presidente del órgano interno del partido, José Ferney Paz Quintero.

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