En las últimas horas, se conocieron detalles sobre el supuesto plan para acabar con la vida del presidente Gustavo Petro. Al parecer, los hechos se habrían adelantado durante la campaña del actual mandatario, previo a su llegada a la Casa de Nariño.
La Fiscalía General de la Nación explicó que el caso sigue en indagación y, así mismo, sostuvo que en su momento, miembros del Pacto Histórico no cooperaron con la información para adelantar la diligencia.
Frente al caso, el ente judicial expuso que la investigación se inició en el momento en que miembros del Pacto Histórico que acompañaban a Petro en su campaña en 2022, interpusieron las respectivas denuncias y aseguraban que tenían información sobre un plan para asesinar a Gustavo Petro en diferentes puntos que el entonces candidato pretendía visitar.
Ante dicha situación se dispuso de un refuerzo de seguridad e inmediatamente, se inició con la investigación del caso.
“La investigación que adelanta la Fiscalía frente a esa presunta amenaza contra el entonces candidato a la Presidencia de la República, inició con afirmaciones hechas por miembros del equipo de campaña que mencionaban tener conocimiento de un plan para atentar en contra de la vida del candidato en distintas partes del país. De manera inmediata se solicitó el refuerzo de medidas de protección para todo el equipo e iniciaron los actos investigativos”, señaló la Fiscalía.
Aunque la diligencia avanzaba, la Fiscalía resaltó que al momento de entrevistar a los denunciantes, estros se negaron a brindar la información solicitada, argumentando que su seguridad estaba en riesgo y por dicha razón no revelaban las fuentes.
“Sin embargo, las personas entrevistadas, integrantes del Pacto Histórico, señalaron que no brindarían información alguna sobre las fuentes que les habrian dado esa información, indicando que era por motivos de seguridad. El proceso se encuentra en indagación”, citó la Fiscalía.
Del mismo modo, se hace énfasis en el pronunciamiento del presidente Petro, luego de publicar la investigación realizada por la revista Raya y RTVC en donde se citaba a La Cordillera. Según el ente acusado, en contra de dicha organización se están llevando a cabo varios operativos y todo el trabajo se ha enfocado en Risaralda, sin embargo, aclaran que lo publicado por los medios citados anteriormente, no se considera como una prueba, sino, como un reporte “orientativo”.
“El presidente hace alusión a un informe divulgado a través del canal oficial de la Presidencia en el cual habla de la organización criminal La Cordillera. Es importante recalcar que la Fiscalía General de la Nación, adelanta varias líneas de investigación contra esa organización delincuencial, que delinque en Risaralda. El documento que citan en el reportaje es un informe orientativo y en ese sentido no constituye prueba que pueda ser usada para acusar o condenar a una persona”, sentenció la Fiscalía.
De acuerdo con la Fiscalía, desde el 2020 se ha ejecutado una estrategia en coordinación con varios fiscales para debilitar a La Cordillera, afrontando una lucha contra los grupos armados que operan en Risaralda y sus alrededores. Del mismo modo, se resalta la captura de siete personas que fungían como cabecillas de la estructura y más de 100 delincuentes vinculados a la misma en operaciones que se fortalecieron luego del crimen del líder social Lucas Villa, quien fue asesinado en el marco del Paro Nacional.
“Algunos de los logros contra La Cordillera es la captura de 7 de sus cabecillas y la de otros de sus 138 de integrantes. Además, se han proferido 18 sentencias contra miembros de esa organización criminal y que fueron obtenidas después de los hechos en que ocurrió la muerte de Lucas Villa”.