Procuraduría ordenó indagación preliminar al canciller Álvaro Leyva por crisis migratoria en el Darién

En la mañana del jueves 5 de octubre, la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de indagación preliminar al canciller Álvaro Leyva y al viceministro Francisco Coy por la presunta omisión de la aplicación integral de la Política Integral Migratoria (PIM) respecto a la crisis que se viven en el tapón del Darién, zona fronteriza entre Colombia y Panamá.

Los dos funcionarios le deberán explicar al Ministerio Público las razones por las que presuntamente no habrían aplicado el PIM a los migrantes que intentan atravesar la difícil selva del Darién, ubicados en los municipios de Necoclí, Acandí y Capurganá a la espera de cruzar la frontera.

Así mismo, deberán responder por qué habrían dejado de implementar acciones para mantener en funcionamiento el Centro de Atención Sanitario, que beneficiaba a los inmigrantes que ingresaban al territorio colombiano por el oriente.

En el expediente, la Sala de Instrucción Disciplinaria también incluyó al director general de control migratorio de la Unidad Administrativa de Migración Colombia, Carlos Fernando García Manosalva, y a la subdirectora, Martha Hernández Arango.

De acuerdo con el organismo de control, aquellos funcionarios habrían dejado de ejecutar de manera efectiva la Política Integral Migratoria en el Tapón del Darién y de realizar un control efectivo de la población migrante en los municipios, lo cual podría significar un riesgo para la seguridad nacional.

La Procuraduría solicitó la práctica de pruebas para tratar de determinar la ocurrencia de la conducta para establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

Según cifras de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en lo que va de 2023 más de 330.000 personas han cruzado el tapón del Darién en su camino hacia Estados Unidos, la cifra anual más alta hasta la fecha. Este organismo también asegura que una de cada cinco de esas personas fue un niño y que durante todo el 2022 la cifra fue de 248.000 personas.

Por ese motivo, la portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, expresó su preocupación por los riesgos y vulnerabilidades a los que se enfrentan todos aquellos migrantes y refugiados.

La portavoz recordó a través de un comunicado que “los migrantes y los refugiados y refugiadas están expuestos a múltiples violaciones y abusos de derechos humanos durante todo su viaje, incluyendo violencia sexual, la cual es un riesgo especialmente grave para niños y niñas, mujeres, personas LGBTI y personas con discapacidades”.

Hurtado también advirtió que tanto en Panamá como en Costa Rica los migrantes reciben una limitada atención humanitaria, lo cual empeora su situación que ya de por sí es precaria.

“Los riesgos son aún mayores dado los peligros que entraña cruzar esta selva de cerca de 5,750 kilómetros cuadrados de extensión. En la estación seca, las personas caminan un promedio de cuatro a siete días para poder cruzar el Tapón del Darién. Durante la estación lluviosa, la cual dura nueve meses, esta travesía se puede demorar hasta los 10 días”, explicó la funcionaria de la ONU en el comunicado.

De igual manera, Hurtado recordó que el Gobierno de Panamá construyó dos centros de acogida para los migrantes con ayuda de la comunidad internacional, pero recalca que esta medida no ha sido suficiente dada la gran cantidad de personas que llegan al país centroamericano intentando llegar a Estados Unidos.

Por eso, le pidió a los demás estados buscar soluciones con base en los derechos humanos y también solicitó hacer frente a los problemas estructurales que causan la masiva migración hacia el país norteamericano.