Caso Odebrecht: Fiscalía imputó al exalcalde de Gamarra por corrupción en la Ruta del Sol II

Otros cinco propietarios y representantes de una empresa habrían celebrado contratos ficticios para facilitar el pago de sobornos con ayuda del exfuncionario

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Luego de dos reuniones, los
Luego de dos reuniones, los propietarios y representantes de las empresas, acordaron acudir al entonces alcalde de Gamarra y a su hermano para que les facilitara el flujo de los recursos ilícitos - crédito Sebastião Moreira/EFE

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a cinco personas que estarían involucradas en el entramado de corrupción de Odebrecht.

Los imputados habrían pagado dádivas a intermediarios y funcionarios que intercedieron para que la multinacional brasileña fuera favorecida con varios otrosíes al contrato Ruta del Sol II.

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Se trata del exalcalde de Gamarra (Cesar) Gabriel Alberto Giraldo Escudero y su hermano Jaime Helí Giraldo Escudero; los representantes legales de la empresa Midas S. A. S., Wilson Ruiz Tello y Carlos Emilio Abuabara Vega; y la propietaria de la citada compañía, Lina María Bermúdez Aljuri.

Los elementos de prueba dan cuenta que, en septiembre de 2015, el entonces director de la zona norte de Consol, consorcio constructor Ruta del Sol, Marcio Marangoni, se reunió en una finca de Gamarra (Cesar) con Otto Nicolás Bula Bula y Federico Gaviria Velásquez para definir la forma en la que les harían llegar los dineros prometidos por garantizar la adición del tramo Ocaña - Gamarra al proyecto Ruta del Sol II.

El ente acusador señaló que luego de dos reuniones entre los propietarios y representantes de las empresas, estos acordaron acudir al entonces alcalde de Gamarra y a su hermano para que les facilitara el flujo de los recursos ilícitos.

En el curso de la investigación se estableció que el exalcalde Giraldo Escudero, al parecer, consiguió que la empresa Midas S. A. S., en la cual trabajaban varios exfuncionarios de la Alcaldía de Gamarra, se prestara para celebrar contratos ficticios con el fin de dar apariencia de legalidad a los sobornos enviados por Odebrecht.

El 24 de noviembre de 2015, Midas S. A. S. suscribió un primer contrato con Consol para el transporte y suministro de agregados pétreos. La Fiscalía evidenció que la mencionada empresa no tenía infraestructura ni capacidad para cumplir el objeto previsto. Sin embargo, recibió un anticipo de aproximadamente $1.200 millones.

Por otra parte, el 11 de enero de 2016, la misma empresa firmó un contrato con el consorcio Navelena, del que hacía parte Odebrecht. El propósito era el mismo del contrato anterior y por la supuesta realización de las actividades contempladas se pagó un anticipo de $1.639 millones.

En el momento de celebrarse estos dos contratos, los representantes legales de Midas S. A. S. eran los señores Ruiz Tello y Abuabara Vega. Las pruebas recolectadas por el ente acusador indican que, al parecer, el primero tomó $963 millones; y el segundo, $222 millones.

El resto del dinero presuntamente lo dirigieron a Otto Bula y a otras personas que sirvieron de intermediarias de Odebrecht.

Estas actuaciones ilegales habrían sido de pleno conocimiento de la propietaria de la empresa que fungía como contratista.

Por lo anterior, una fiscal del Grupo de Tareas Especiales para el caso Odebrecht imputó a los señalados implicados los siguientes delitos:

  • Gabriel Alberto Galindo Escudero y Jaime Helí Giraldo Escudero, los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.
  • Lina María Bermúdez Aljuri, el delito de enriquecimiento ilícito de particulares.
  • Wilson Ruiz Tello y Carlos Emilio Abuabara Vega, los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, enriquecimiento ilícito propio y falsedad en documento privado.

Ninguno de los procesados aceptó los cargos que le fueron imputados.

Cabe recordar que la más reciente imputación de cargos por corrupción en el proyecto Ruta del Sol II recayó sobre el exgerente de proyectos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Edgar Chacón Hartmann.

El exfuncionario habría vulnerado las normas de contratación pública, al autorizar adiciones que no estaban contempladas en el objeto del contrato de concesión para el tramo Ocaña-Gamarra. Por esta razón, Chacón Hartmann fue imputado formalmente por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

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