“Que los perdone su madre, porque nosotros no”: la historia de Jonás Ariza, huérfano por los falsos positivos

Jonás Ariza fue uno de los dos hombres que subió a la tarima dispuesta en la plaza de Bolívar de Bogotá para el acto de excusas públicas del Estado a los familiares de 19 víctimas de falsos positivos en la capital y el municipio de Soacha. Su historia retrata el crimen cometido por el Ejército Nacional, el manto de impunidad que persiste en los responsables y la falta de verdad.

Jonás lleva el mismo nombre de su padre, quien fue asesinado el 16 de mayo de 2006 por integrantes del cuarto pelotón de la Compañía Danta, adscritos al Batallón de Infantería No. 41 Rafael Reyes Prieto, de Cimitarra, Santander.

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Tenía apenas 14 años cuando su padre, de 34, decidió regresar a su pueblo natal de Landázuri en busca de un trabajo. Viajó junto a un joven casi de la edad de su hijo, Deiby Julián Pisa Gil, a quien había conocido trabajando en una microempresa de reciclaje que trató de montar en Bogotá.

No hubo reporte después de la llegada de Ariza y Pisa a Santander, sino hasta varios días después, cuando empezó a correr la información de que el hombre estaba muerto. Del menor no se tenía noticia, porque estaba siendo tratado como una persona no identificada.

La familia se desplazó hasta Cimitarra para reclamar el cuerpo y conocer lo que había ocurrido. Los miembros del Batallón le dijeron que Jonás había muerto en un enfrentamiento con el Frente 23 de la guerrilla de las Farc como una operación militar denominada ‘Bengala’, desarrollada en zona rural del municipio de San Vicente, Bolívar.

La familia sabía que Ariza no era ningún guerrillero, sino un hombre trabajador que con estudios de primaria y una experiencia en múltiples oficios, había ido a Santander a buscar oportunidades de empleo. Allí empezó un proceso judicial que no ha terminado de resolverse.

“Son 16 años que no tengo a mí papá y esos hijueputas del Ejército son muy relajados por haber matado a una persona que no tenían que matarla. Mi papá era una humilde persona contra la que no tenían nada que hacer, no tenían que matarme a mi viejo. Era lo más importante que yo tenía en mi vida”, dijo Ariza Hernández con la rabia acumulada de más de una década de impunidad de varios de los responsables.

El caso fue investigado en el 2006 por el Juez 43 Penal Militar que en pocos meses profirió un auto inhibitorio, es decir, que no había nada qué investigar ni pruebas de un delito, pese a que una de las víctimas era un menor de edad. El proceso se empezaba a encubrir para ocultar su gravedad.

No fue sino hasta cinco años después, en el 2011, cuando el Fiscal 5º Especializado de la Fiscalía General de la Nación le solicitó la Instrucción Penal Militar que le entregara la investigación porque se trataba de un presunto homicidio.

La investigación judicial permitió identificar irregularidades que en su veloz revisión se le habrían escapado a los jueces militares. Por ejemplo, que Jonás Ariza y Deiby Pisa Gil fueron ejecutados extrajudicialmente mientras dormían en hamacas en una finca de San Vicente, Bolívar, además que los impactos de bala habían sido realizados a muy corta distancia, lo que indica que no hubo combate.

Para simular el enfrentamiento, los militares alteraron la escena del crimen. Los uniformados le plantaron a Pisa un arma, con el fin de simular que estaba armado al momento de la muerte, pero la investigación concluyó que se trataba de la misma pistola con la que fue asesinado.

Las pruebas llevaron al sargento Julio Valencia Correa, quien dirigió la unidad militar que realizó el homicidio, a aceptar los hechos a través de un preacuerdo con la Fiscalía en 2014. El Juzgado Primero Penal del Circuito del Distrito Judicial de San Gil lo condenó como coautor del homicidio agravado y falsedad ideológica en documento público.

Junto a Valencia fueron condenados los soldados Aldefray Forero Cedano y Eduardo Nieves Pinzón varios meses después por favorecimiento, en sentencia emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil.

Además, en 2018 el Juzgado 62 Administrativo de Bogotá profirió condena en contra de la Nación, el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional por el crimen.

Por parte de los demás responsables de los hechos, no hay más avances, ni se ha identificado a los superiores de la Brigada que le concedieron un permiso de un mes a quienes participaron en el supuesto operativo como premio por las bajas. El militar Valencia Correa se sometió a la Jurisdicción Especial para la Paz y recibió la libertad en 2019.

El padre de Deiby, Leocadio Pisa, murió sin ver justicia ni conocer la verdad de lo ocurrido en el homicidio de su hijo tras una larga lucha que lideró junto a otras víctimas de las ejecuciones judiciales realizadas por el Ejército Nacional, que se han conocido como ‘falsos positivos’.