La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha rechazado nuevamente una recusación presentada por los abogados de exmiembros de las FARC en contra de la magistrada Lily Rueda, quien está a cargo de la investigación del caso de reclutamiento de menores y abortos forzados en la guerrilla.
La recusación fue objeto de controversia debido a que se basaba en supuestos de prejuzgamiento por parte de la magistrada. De acuerdo con una publicación de la emisora W Radio, los argumentos incluían su participación en un abrazo colectivo con un grupo de víctimas del caso 07 y haber retuiteado una publicación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) sobre un informe relacionado con casos entregados a la JEP, entre otros motivos que se consideraron infundados.
La decisión de rechazar la recusación fue tomada por las magistradas Julieta Lemaitre y Belkis Izquierdo. Argumentaron que las acciones mencionadas no constituían un prejuzgamiento por parte de la magistrada Rueda. Además, enfatizaron que el abrazo criticado por los abogados de los exguerrilleros refleja el enfoque central de la JEP en la atención a las víctimas, señala la emisora colombiana.
Las magistradas instaron a los defensores de los exmiembros de las FARC a permitir el avance del caso y destacaron la importancia de avanzar de manera expedita en los macrocasos. También recordaron el principio de temporalidad estricta de la JEP, que busca garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición en un plazo razonable.
Adicionalmente, las magistradas hicieron un llamado a la defensa de los comparecientes, señalando que no es la primera vez que los abogados recusan a un magistrado en casos similares.
Con 3.154 casos, la JEP inicia el macrocaso por violencia sexual y de género contra las Farc
Como uno de los últimos avances en el esclarecimiento de la verdad en el conflicto armado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) inició con la indagación de más de 3.000 casos de violencia sexual, de género y reproductiva, además de crímenes por prejuicio contra personas con orientación sexual, expresión o identidad de género diversa, perpetrados por miembros de las extintas Farc y militantes de la fuerza pública colombiana.
Según determinó la JEP, inicialmente se trabajarán sobre 3.154 casos que ha establecido la corporación y que son de su completa injerencia. De los datos preliminares, 2.051 hechos serían atribuibles a los excombatientes de las Farc; mientras que otros 1.103 casos están vinculados a miembros de la fuerza pública del país. Sin embargo, resaltan que el tema es de tal sensibilidad en la población, que podrían existir subregistros no identificados que hacen pensar a los magistrados sobre la existencia de más casos, que no han sido denunciados por miedo o pena.
Reconocen también que las primeras investigaciones dan cuenta de que hubo un total de 35.178 víctimas de crímenes sexuales perpetrados por todos los actores armados en Colombia entre 1957 y 2016. Entre las víctimas, las mujeres constituyen la abrumadora mayoría, representando el 89.2% del total, incluyendo a niñas y adultas. Además, se destaca que hubo 12.352 víctimas menores de edad, con 1.078 niños y 11.055 niñas afectados. También lograron identificar 1.857 indígenas, 5.793 afrodescendientes y 19 personas del pueblo gitano, lo que demuestra la diversidad de las personas afectadas por estos crímenes atroces.
“Llegó la guerrilla y me violó porque el Ejército había caminado ese sector. Según ellos, me violaban para demostrar que eran los que estaban mandando en la zona. Yo no tuve a quién decirle ni cómo pedir auxilio porque mientras unos me violaban, los otros me encañonaban y me decían que me callara o me mataban ahí mismo”, es uno de los testimonios de las afectadas por estos crímenes.
Los crímenes sexuales no se limitaron a una región específica de Colombia, sino que se extendieron por todo el país. Algunos de los departamentos que concentraron más casos fueron Antioquia, Magdalena, Nariño, Bolívar y Cauca.