La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llevó a cabo una audiencia pública en Medellín para dar seguimiento a las medidas cautelares destinadas a proteger los sitios conocidos como La Escombrera y La Arenera, en un esfuerzo por esclarecer la desaparición de personas en la Comuna 13 y el corregimiento de San Cristóbal. Durante el evento, el magistrado Gustavo Salazar emitió un emotivo mensaje de disculpa en nombre del Estado.
“Quiero pedir perdón de nuevo en nombre de un estado indolente y con frecuencia incompetente”, aseguró el magistrado Salazar en su declaración.
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Esta audiencia se realizó en un contexto en el que se busca arrojar la verdad sobre los hechos ocurridos hace 21 años, cuando se produjo una desaparición masiva de jóvenes en la Comuna 13. Salazar destacó la falta de acción y la indiferencia de los gobiernos nacionales, así como de alcaldes sucesivos, hacia las víctimas y sus familias, por hallar dichas respuestas.
El magistrado Salazar subrayó que la justicia ha prolongado el duelo de las víctimas y que los resultados en la búsqueda de desaparecidos han sido insuficientes. También mencionó la falta de avances en la identificación y el enjuiciamiento de los responsables de estos crímenes, muchos de los cuales podrían haber fallecido en este período.
Salazar destacó que esta audiencia marcó un paso importante en el camino hacia la verdad y la justicia.
“Esta audiencia del día de hoy es parte de un camino lento, lerdo, que por múltiples razones no voy a enlistar ante el riesgo que suene a fatas excusas”, y agregó: “Es claro que no hemos cumplido debidamente como Estado con el propósito que nos impusimos en julio de 2019, hacer todo lo posible por buscarlos”.
El magistrado también hizo referencia a operativos como Orión, Mariscal y Antorcha, que, según él, no fueron “operativos audaces ni batallas épicas, sino acciones oscuras que deterioraron el estado de derecho”. Destacó que estas acciones no se pueden justificar ni excusar por supuestos fines.
Los familiares y madres de los jóvenes desaparecidos se reunieron para exigir respuestas y justicia. Con lágrimas en los ojos y pancartas que clamaban “queremos saber la verdad”, la comunidad mostró su determinación en buscar respuestas sobre las desapariciones que han afectado a sus seres queridos.
“Estamos cansados de esperar. Queremos saber la verdad, y queremos que quienes tomaron a nuestros hijos sean llevados ante un juicio justo. No descansaremos hasta que se haga justicia”, exclamó María González, madre de uno de los jóvenes desaparecidos.
Una de las finalidades de la audiencia de la JEP
La audiencia pública contó con la participación de activistas de derechos humanos, abogados y representantes de organizaciones de la sociedad civil que se solidarizaron con las familias en su búsqueda de justicia y verdad. Además, se hizo un llamado a las autoridades locales y nacionales para que intensifiquen sus esfuerzos en la investigación de estos casos y garanticen la protección de los derechos humanos de todas las personas.
La comunidad se comprometió a seguir presionando pacíficamente hasta que se revele la verdad detrás de estas desapariciones y se haga justicia. La audiencia pública fue un recordatorio de que la lucha por la verdad y la justicia continúa, y que las voces de los familiares y madres de los jóvenes desaparecidos no serán silenciadas hasta que se alcance la verdad y se castigue a los responsables.
“Nos encontramos aquí para alzar nuestra voz, y darle voz y rostro a los que un día salieron de nuestros hogares y nunca regresaron. Aquí resistimos ante una sociedad y un Estado indolente”, dijeron los familiares de las vícitmas.
Presentación del informe geotécnico
El alcalde interino Óscar Hurtado, que recibió una citación de la JEP en relación con este asunto, aunque originalmente habían llamado a Daniel Quintero, estuvo presente en la audiencia para escuchar los testimonios de las víctimas y sus familias.
En su intervención afirmó: “Estamos comprometidos con asumir la responsabilidad que el Distrito debe tener hacia las víctimas, y a su derecho a la verdad y a la búsqueda”.
De igual manera, Hurtado tuvo la responsabilidad de presentar los resultados de un informe de geotecnia encargado por la administración local.
La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd) y la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP se encontraron en el proceso de análisis geotécnicos en la zona, como parte del Plan de Intervención Técnico Forense en La Escombrera. Estos estudios incluyen la perforación del suelo para recoger muestras que serán enviadas a un laboratorio especializado para su estudio.
Este informe tuvo como objetivo proporcionar datos e información para garantizar una operación segura durante la excavación, el acopio de materiales de relleno y el cierre del depósito de escombros en los mencionados sitios.
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