Expertos dicen qué pasará con el presidente Petro tras la compulsa de copias de la Fiscalía

El 2 de agosto, Nicolás Petro Burgos le dijo a la Fiscalía General de la Nación, cuando aún negociaba una matriz de colaboración con la justicia, que el presidente Gustavo Petro sí sabía que el contratista Euclides Torres financió la campaña Petro Presidente en el departamento de Atlántico. El 25 de septiembre, Petro Burgos desistió del acuerdo para llegar a un principio de oportunidad, por lo que el fiscal Mario Burgos radicó el escrito de acusación en su contra.

El 2 de octubre, luego de que Semana revelara, el 30 de septiembre, fragmentos del interrogatorio a Petro Burgos, la Fiscalía General de la Nación anunció que compulsaba copias de las declaraciones del hijo mayor del presidente Petro al Consejo Nacional Electoral, a la Corte Suprema de Justicia y a la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se investigue si el jefe de Estado incurrió en delitos electorales en la financiación de la campaña de 2022.

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El presidente Petro, al conocer la compulsa de copias en su contra, se pronunció en X (antes Twitter) advirtiendo que el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, tomó esta determinación a partir de un interrogatorio, a su juicio, ilegal:

Sobre la financiación de la campaña, el presidente advirtió que la manifestación de Barranquilla, conocida por la tarima en forma de ‘P’, sí fue financiada por Euclides Torres, pero que esta, que fue el 10 de septiembre de 2021, ocurrió cuatro meses antes de que iniciara la campaña presidencial, que arrancó cuatro meses antes de la celebración de la primera vuelta (29 de mayo), según el calendario electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Si bien el presidente Petro advirtió que el fiscal Mario Burgos no podía hacerle preguntas a su hijo sobre él, el abogado penalista Francisco Bernate le dijo a Infobae Colombia, que “la Fiscalía puede preguntar sobre lo que considere relevante. Lo que no puede es investigar al presidente porque tiene un fuero, pero en forma, alguna estas preguntas están prohibidas”.

También advirtió que el interrogatorio fue completamente legal, pero que no se tiene como prueba en el proceso contra el presidente: “En la medida que se realizan ante un fiscal, con un defensor, son perfectamente legales. Diferente es que en sí mismas, no se tienen como una prueba dentro de este proceso, en tanto que prueba es solo la que se realiza en presencia del juez”.

El abogado Iván Cancino, en entrevista con W Radio, coincidió en la apreciación del abogado Bernate: “No se puede tener en cuenta dentro del proceso desde ningún punto de vista y es una jugada incluso desleal de la persona que lleva el caso, a mí no me gusta hacer atribuciones genéricas para hablar de la Fiscalía, yo creo que aquí hay unos funcionarios que tenían acceso a esos diálogos”.

El constitucionalista Juan Manuel Charry le dijo a Noticias Caracol que “existen en el Código Penal dos delitos relacionados con el tema de campañas electorales: la violación de los topes y la financiación ilícita” y que la Fiscalía “puede preguntar todo lo relativo a la financiación y a los topes, y podía mencionar al presidente Gustavo Petro porque era el beneficiario de la campaña”.

Además, reparó en que Petro Burgos “podía haberse acogido a que nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo ni contra sus familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad. Pero él eligió declarar y está en su derecho de hacerlo”.

El abogado Bernate le dijo a Infobae Colombia que esta denuncia, contrario a lo que dijo el presidente de la Cámara, el representante Wadith Manzur Imbet, “se debe acumular con las que ya existen, y el representante investigador determina qué otras pruebas debe realizar a fin de determinar si la investigación avanza o no” y que si “la Cámara decide formular acusación ante el Senado, podría avanzar hacia un juicio penal en la Corte Suprema de Justicia y eventualmente la indignidad del mandatario que lo separaría del cargo”.

El constitucionalista Charry señaló, en Noticias Caracol, que el futuro del presidente tiene dos sendas, una investigación en la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara o que el Consejo Nacional Electoral determine si se violaron, o no, los topes de financiación electoral lo que redundaría en la pérdida del cargo.

En el primer caso, Charry explicó: “La Comisión de Acusaciones tendrá que hacer la averiguación, se permitirá a las partes pedir pruebas. El presidente ya nombró un apoderado defensor, y en teoría, dentro de los 30 días siguientes (60 si hay más de un delito) se debe pronunciar la comisión para analizar si hay lugar a precluir el expediente o a presentar acusación, elaborarla y llevarla a la plenaria”.

En el segundo escenario, el constitucionalista citó el artículo 109 de la Constitución que dice “que cuando se violan los topes de una campaña electoral se pierde la investidura o se pierde el cargo. En este caso no hay delito, hay una sanción constitucional, en donde no se debate si hay dineros ilícitos o no, si hay culpabilidad o no, sino simplemente si se violaron los topes y la consecuencia jurídica es la pérdida del cargo”.

Sobre la filtración de los videos del interrogatorio de Nicolás Petro, el abogado Bernate le dijo a Infobae Colombia que “no es lo correcto que se estén filtrando partes de investigaciones, lo que se ha convertido ya en algo habitual en Colombia. Violan la reserva de la investigación y es una práctica que no debe realizarse”.

En diálogo con W Radio, el abogado Cancino reparó en que las declaraciones de Petro Burgos en los videos publicados por Semana solo habrían tenido validez si se hubiese concretado la negociación del principio de oportunidad y que estas no “no debieron ser usadas ni ver la luz”.

El abogado Miguel Ángel del Río Malo, en X (antes Twitter) preguntó: “Por qué la fiscalía decide compulsar copias contra el Presidente después de una filtración a un medio de comunicación? Si la declaración fue el 2 de agosto, por qué sólo hasta ahora lo hace? Derecho penal del enemigo”.