Defensoría ordenó a los colegios implementar estrategias para eliminar la discriminación de niños, niñas y adolescentes con discapacidad

Colombia registra un porcentaje importante de estudiantes con algún tipo de discapacidad. De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), aunque entre 2017 y 2019 el número de matriculados con discapacidad en colegios se incrementó, entre 2019 y 2020 decreció en 6.858.

Sin embargo, para la Defensoría del Pueblo, una de las mayores preocupaciones con relación a la garantía de los derechos de esta población, son las múltiples barreras físicas, actitudinales y comunicativas que enfrentan y los hace sentir excluidos del sistema educativo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Por ello, la entidad solicitó a todas las instituciones educativas privadas y públicas, la eliminación de cualquier práctica discriminatoria que impida el acceso y permanencia en el sistema educativo de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, al momento de desarrollar sus procesos de admisión y de inscripción para el año lectivo 2024.

Así mismo, recordó a toda la comunidad educativa que es una obligación de todas las instituciones públicas y privadas garantizar el derecho a la educación de dichas personas.

Para ello, se deberán implementar estrategias que permitan el oportuno y efectivo acceso a la educación en condiciones de accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad sin discriminación alguna, dentro del modelo social de discapacidad.

Así las cosas, la Defensoría ordenó a las entidades nacionales y territoriales para que, en el marco de sus competencias, asignen los recursos necesarios y adopten las medidas pertinentes y eficaces para eliminar todos los obstáculos y barreras de acceso y permanencia en el sistema educativo de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad.

De igual manera, exhortó al Gobierno fomentar la educación inclusiva y el cumplimiento de la normativa vigente, en particular lo establecido en la Ley 1618 de 2013 y en el Decreto 1421 de 2017, para garantizar el goce efectivo del derecho a la educación de esta población.

El derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en Colombia es un asunto reglamentado bajo jurisprudencia de la Corte Constitucional.

El alto tribunal, a través del estudio de casos particulares, ha advertido que corresponde al Estado el deber de tomar medidas específicas para asegurar el goce efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, evitando cualquier tipo de discriminación en el acceso, por ejemplo, al servicio educativo.

Así mismo, la Corte ha señalado el deber de las entidades estatales de garantizar la disponibilidad, el acceso, la permanencia y la calidad en la prestación del servicio de educación a personas con discapacidad, el que debe darse en aplicación del derecho a la igualdad y con observancia de las condiciones especiales de cada individuo.

En ese sentido, ha reiterado la importancia de implementar una política inclusiva, a través de la cual se les pueda proporcionar todos los medios necesarios con el fin de obtener un adecuado desarrollo conforme a sus capacidades.

La Fundación Saldarriaga Concha y el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana analizaron el panorama educativo de las personas con discapacidad.

En un informe presentado en marzo de 2023 llamado La educación en Colombia para la población con discapacidad: realidad y retos, los investigadores llegaron a la conclusión de que existe la necesidad de mejorar las condiciones de las personas con discapacidad en el sistema educativo.

Para ello, recomendaron:

• Fortalecer las políticas de educación inclusiva.
• Formar una comunidad docente cualificada e incrementar el personal de apoyo pedagógico.
• Incrementar recursos e infraestructuras educativas accesibles.
• Avanzar en la caracterización y el reporte de las personas con discapacidad en los sistemas de información nacional.
• Realizar seguimiento y mediciones específicas de las acciones administrativas y pedagógicas a favor de esta población.
• Fomentar estrategias para evitar la deserción escolar de la población con discapacidad.
• Implementar propuestas de articulación entre los sectores de educación y salud.