Gustavo Petro confirmó su asistencia en acto para pedir perdón por los “falsos positivos”

El presidente Gustavo Petro confirmó que estará presente en una reunión para homenajear a los familiares y a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, mal llamados ‘falsos positivos’. El anuncio lo hizo mediante su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter.

“Hoy a las cuatro de la tarde en la Plaza de Bolívar estaré en el acto de perdón del Estado colombiano por la ejecución de miles de jóvenes en gobiernos pasados”, publicó el presidente Petro.

El mandatario indicó en su publicación que realizará una intervención en la que pedirá perdón por el oscuro apartado de la historia de las fuerzas militares del país, además de señalar que hablará del “tipo” de Gobierno que permitió estos asesinatos a los civiles y la repercusión que dejó en la sociedad colombiana.

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Finalmente y en medio de una solicitud para repercutir el mensaje, el mandatario extendió la invitación para que ciudadanos se acerquen al histórico evento en el que el Estado colombiano le pedirá perdón a sus víctimas: “Los y las espero en la plaza de Bolívar. Espero a toda la juventud bogotana en representación de las juventudes del país a este acto que nos muestra cómo un Estado desató el oprobio. Nunca más”.

El relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la Justicia Transicional, Fabián Salvioli, quien durante una visita a territorio nacional que el expresidente Álvaro Uribe Vélez debería responder por las ejecuciones extrajudiciales registradas durante su Gobierno.

Al respecto, el exmandatario y líder del Centro Democrático defendió a capa y espada la integridad de su política de ‘seguridad democrática’ y señaló que el relator de la ONU pareció en su actuación un defensor del extinto grupo narcoterrorista.

Comúnmente conocidos como ‘falsos positivos’, las ejecuciones representaron uno de los capítulos más oscuros en la historia del Ejército Nacional. La práctica de asesinar a civiles y hacerlos pasar como combatientes caídos en acción resultó en la pérdida de la vida de al menos 6.402 personas, de acuerdo con la información proporcionada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Aunque esta práctica existe desde 1988, de acuerdo con la información del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).

Una de las principales prioridades del Gobierno nacional es la promoción y defensa de los derechos humanos en Colombia. Recientemente, Estados Unidos certificó los avances logrados por el país en este ámbito. Esta decisión podría resultar en un aumento del 20% en los recursos provenientes de Norteamérica destinados a fortalecer las Fuerzas Armadas colombianas.

La posible ampliación de los fondos se atribuye a la Enmienda Leahy, aprobada en 1997, que modifica la Ley de Asistencia Exterior de 1961. Esta enmienda prohíbe a Estados Unidos proporcionar asistencia militar o logística a unidades de fuerzas de seguridad de países extranjeros si el Departamento de Estado posee informes creíbles que indiquen violaciones graves a los derechos humanos por parte de dichas unidades.

Este certificado podría incrementar el presupuesto en aproximadamente 7,6 millones de dólares, recursos que serían fundamentales para fortalecer las fuerzas de seguridad nacionales.

De acuerdo con el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, la colaboración entre ambas naciones “es esencial para abordar los desafíos que enfrentamos y transformar el enfoque de seguridad hacia la seguridad humana multidimensional”.

Las acciones apropiadas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en relación con los responsables de violaciones de derechos humanos, así como la protección de las comunidades afro e indígenas, y las condenas a militares y policías involucrados en agresiones y delitos contra la población civil, son elementos clave que podrían llevar al Gobierno norteamericano a certificar los esfuerzos humanitarios en el territorio colombiano.