El 3 de octubre, la defensa de la exniñera de Laura Sarabia Marelbys Meza anunció que solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para proteger y salvaguardar sus derechos a la vida e integridad personal. Las firmas Iván Cancino Abogados y Víctor Mosquera Abogados advirtieron que su defendida ha sido sometida a múltiples presiones y violaciones a sus derechos desde que estalló el escándalo que le costó a Sarabia su puesto como jefa de Gabinete del presidente Gustavo Petro.
Iván Cancino, en X (antes Twitter), advirtió que junto a Víctor Mosquera, “a raíz de la gravedad de los hechos escuchados en audiencias y en donde están involucrados miembros de la fuerza pública cercanos al poder, como defensa de MARELBYS MEZA BUELVAS acudimos ante la comisión Interamericana de derechos humanos para pedir su protección y medidas cautelares”.
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Horas más tardes de la publicación de Cancino, desde Víctor Mosquera Abogados emitieron un comunicado confirmando que se hizo la solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que en las próximas semanas se reunirán con la CIDH para ampliar la información de “esta grave situación de vulneración de derechos y persecución que se viene ejerciendo en contra de Marelbys Meza”.
“Las firmas Iván Cancino Abogados y Víctor Mosquera Marín Abogados en conjunto se permiten dar a conocer a la opinión pública que acudiremos a la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos para interponer solicitud de medidas cautelares a favor de la señora Marelbys Meza, con el objetivo de proteger y salvaguardar sus derechos a la vida (Artículo 4 CADH) e integridad personal (Artículo 5 CADH)”
En el comunicado recuerdan que Meza fue hasta enero de 2023 niñera de la ex jefa de Gabinete del presidente de la República Laura Sarabia (hoy directora del Departamento de Prosperidad Social de la Presidencia) y que denunció haber sido víctima de un procedimiento irregular de polígrafo, interceptaciones ilegales, persecución, hostigamiento, amenazas y actos arbitrarios en su contra por parte de diferentes funcionarios del cuerpo de seguridad de la Presidencia; “razón por la cual teme que sean tomadas represalias en su contra y de los miembros de su familia”.
También advierten que, a la fecha, “han sido capturados y judicializados cinco miembros de la Policía Nacional y la Dijín, quienes fueron imputados por los delitos de falsedad en documento público, fraude procesal y violación ilícita de comunicación”.
Sobre esto último, el 18 de septiembre una jueza de control de garantías de Bogotá dictó medida de aseguramiento intramural en contra de tres de los cuatro integrantes de la Seccional de Investigación Judicial y Criminal (Sijín) de la Policía Nacional, quienes estarían involucrados a las interceptaciones ilegales hechas a Meza.
Los procesados son el intendente Alfonso Quinchanegua, el patrullero Jhon Fredy Morales y el capitán Carlos Andrés Loaiza Correa, que fueron imputados de los delitos de falsedad ideológica, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones. La patrullera Dana Alejandra Canizales Bonilla gozará de una medida no privativa de la libertad.
Estos habrían inducido en error a dos fiscales y a dos jueces para lograr la interceptación de los teléfonos de dos exempleadas de Sarabia —tras el robo de una maleta en su residencia, que contendría cerca de 7.000 dólares— y a dos personas muy allegadas a una de las empleadas: Jhonson Pineda, el Nene, y Lucelia Robles Arrieta.
“Los cuatro exfuncionarios son señalados de brindar información equivocada a fiscales, la cual, posteriormente, fue presentada ante jueces para legalizar las órdenes. Se cree con todas estas acciones ilegales los capturados tendrían el interés oculto de establecer la posible responsabilidad de la exniñera, la otra extrabajadora de la señora Sarabia Torres”, advirtió la Fiscalía durante la audiencia de imposición de medida de aseguramiento